Los problemas de las ambulancias se agolpan en los juzgados

Contratos impugnados, contenciosos en los tribunales, un gerente imputado por prevaricación... El transporte sanitario no urgente, el que prestan mediante concierto con la Comunidad de Madrid varias empresas de ambulancias, está revolucionado. El traslado de pacientes desde sus casas al hospital, y al revés, para recibir tratamiento (quimioterapia, diálisis...) acumula miles de reclamaciones por retrasos que en ocasiones llegan a las seis horas y que han hecho perder sesiones y citas médicas. Era una situación conocida por la Consejería de Sanidad que ahora se ha agravado hasta el punto de llegar a los juzgados, que han admitido a trámite contenciosos y querellas contra la Administración.

"El presupuesto no cubre el coste del servicio", asegura una empresa

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció ayer que se acaban de adjudicar los últimos dos lotes del contrato de transporte sanitario no urgente (es decir, programado), que cubren aproximadamente la mitad del territorio de la región. Una de las empresas adjudicatarias, Ambulancias Santa Sofía, formaba parte de la UTE a la que hace menos de un mes Sanidad abrió un expediente sancionador. Hasta el 31 de enero la UTE Ambulancias Amigo cubría las áreas sanitarias 3, 4 y 5, que incluyen el hospital Ramón y Cajal. Fue allí donde, el último día de contrato, el 31 de enero, dejaron tirados a al menos una decena de pacientes, varios de ellos octogenarios en precario estado de salud, a los que tuvieron que recoger sus familiares, ponerles taxis o dejar que durmieran en el hospital porque era demasiado tarde para volver a sus residencias.Fue la UTE Ambulancias Amigo la que provocó la situación, según afirmó la propia consejería de Sanidad, ya que dejó de prestar el servicio varias horas antes de que acabara su contrato. Sanidad aseguró entonces que se le había abierto un expediente. Ayer, a preguntas de este periódico, la Consejería no precisó si la sanción llegó a imponerse. Un portavoz de Santa Sofía negó ayer que hubieran dejado de prestar el servicio. En una contestación por escrito, Sanidad se limitó a afirmar que la empresa "ha ganado el concurso público realizando la mejor oferta".

Los contratos de transporte sanitario no urgente suponen varias decenas de millones de euros. Por los dos lotes que se acaban de adjudicar, la Comunidad pagará 62 millones en los próximos cuatro años. Las empresas Santa Sofía y SASU se reparten casi la mitad del territorio. La primera cubre la sierra oeste y la zona sur que incluye Móstoles y Alcorcón. La segunda, el área de influencia del 12 de Octubre, Fuenlabrada, Leganés, Getafe y el corredor hasta Aranjuez. Tanto este contrato como el anterior, que adjudicó a Ambulancias Alerta el resto del territorio de la región (56,7 millones), están impugnados por varias empresas de ambulancias, la Asociación de Empresarios de Transporte Sanitario de la Comunidad de Madrid (Asetram) y la Asociación de Grandes Empresas de Transporte Sanitario (Agetrans).

Al menos dos de esas impugnaciones se han traducido en recursos contenciosos administrativos. Tanto Asetram como la empresa Mandhala han llevado a los tribunales el proceso de contratación. Dos juzgados madrileños los han admitido a trámite, el primero el día 3 de este mes, y el segundo en enero pasado. Las impugnaciones de los pliegos administrativos con los que se convocó el concurso denuncian varios problemas. El primero, que no queda claro el objeto del contrato. Fuentes del sector explican que los pliegos prevén una cantidad de traslados inferior a la que después es necesaria para cubrir la demanda. Pese a ello, les obliga a enviar sus ambulancias siempre que se las necesite, aunque se superen los traslados marcados por contrato. El pliego prevé algo más de un millón de traslados anuales, pero fuentes del sector aseguran que en la práctica la demanda se supera casi en un 20%. "La dotación presupuestaria no cubre los costes del servicio", afirma el gerente de Translife, una de las empresas que ha denunciado el proceso de contratación. Las impugnaciones también critican que los pliegos permitan que empresas sin ninguna experiencia en el sector puedan optar al traslado de pacientes.

La empresa Translife es la que se ha querellado contra el gerente del servicio de urgencia médica de la Comunidad de Madrid, el Summa 112, que es quien firma las adjudicaciones de los conciertos de transporte sanitario no urgente. En su escrito de querella, en el que acusa a Pedro Martínez Tenorio de un delito continuado de prevaricación, afirma que el gerente empezó a imponer multas (llamadas penalidades en el contrato) sin justificación cuando Translife reclamó el pago de los servicios que había prestado y que no había cobrado, al superar los marcados en el contrato.

El juzgado de instrucción número 48 de Madrid admitió a trámite la querella en noviembre pasado. El auto, sin embargo, precisa que ya en septiembre se acordó "la incoación de diligencias previas por relatarse [...] hechos que pudieran ser constitutivos de delito para cuya persecución no es necesaria la presentación de querella". Martínez Tenorio declaró como imputado el 26 de enero pasado. Aseguró que las multas no las impuso por mala fe, sino porque Translife acumulaba reclamaciones de usuarios por retrasos y mala prestación del servicio. "La justicia decidirá lo que corresponda", aseguró ayer la Consejería de Sanidad. Este periódico trató, sin éxito, de hablar con Martínez Tenorio.