Font de Mora confirma en las Cortes la supresión de 19 aularios rurales

El primer informe técnico de la Consejería de Educación propuso cerrar 34 aularios con menos de cinco alumnos en zonas rurales. El último, según confirmó ayer el consejero Alejandro Font de Mora en su comparencia en la comisión de Educación de las Cortes Valencianas, certifica la eliminación de 19 unidades rurales, lo que en algunos casos supone la defunción de la escuela. El problema de la despoblación rural es acuciante en un centenar de pequeños municipios valencianos de menos de medio millar de habitantes, en su mayoría ancianos, cuyos alcaldes reclaman desde hace varios cursos familias con hijos en edad escolar para poder mantener el colegio abierto. Un servicio clave para que estos pueblos puedan captar parejas jóvenes, parados que no pueden vivir en la ciudad o inmigrantes sin trabajo.

El diputado de Compromís Josep Maria Pañella reprochó a Font de Mora su "falta de previsión" en la política de supresiones y habilitaciones de unidades escolares cada curso, lo que aumenta la "provisionalidad de muchos profesores" y también la "ausencia de negociación" al adoptar medidas unilaterales, sin pasar por la mesa sectorial. Font de Mora negó la mayor y dijo que el balance de aularios es "positivo" con 73 unidades más el próximo curso. "Si usted cree que con dos, tres o cuatro alumnos, se puede mantener un aulario, ¡pues mire cómo está la economía!", le reprochó a Pañella.

El consejero ya estaba alterado tras la intervención de la portavoz de Educación socialista, Ana Noguera, que desplegó el cartel de la campaña publicitaria que el PP presentó a sus militantes hace unas semanas de Los 400 centros escolares realizados bajo las legislaturas del presidente Francisco Camps, muchos de los cuales son ampliaciones o reformas de aularios o gimnasios.

Noguera cuestionó el monto de una "campaña electoral engañosa" con dinero público "igual que la que el PP hizo con los carteles de 2006 en solares que siguen vacíos, con empresas vinculadas a la trama corrupta Gürtel". Por último, Mireia Mollà de Compromís, censuró que la consejería haya desechado un informe técnico que aconsejó el desalojo hace dos años de los alumnos del colegio público Padre Manjón de Alicante y que la "insumisa" alcaldesa popular Sonia Castedo se ha saltado, al encargar otro por su cuenta.