Funcionarios sin enchufe

Si Javier Arenas viviera en Galicia, podría ser funcionario sin necesidad de aprobar una oposición. Dejaría de ser personal laboral de la Junta y escalaría un peldaño en su vida profesional.

Alicia Martos, líder del sindicato corporativo CSIF, podría tener la misma suerte. También es personal laboral de la Junta.

Curiosamente, Arenas y Martos, dos personas que dirigen el enfrentamiento con la Junta por la reordenación del sector público, tienen puntos comunes en su perfil laboral: ambos proceden del Ministerio de Cultura.

Arenas fue antes (1979) jefe del gabinete Técnico de la Dirección General de la Juventud, dependiente de ese ministerio. Era entonces ministro Manuel Clavero, su mentor político desde la Facultad de Derecho de Sevilla. El 1 de julio de 1981, ingresó como personal laboral del Ministerio, adscrito a un archivo de Sevilla. Era ministro Íñigo Cavero, militante, como el joven Arenas, del Partido Popular Demócrata Cristiano (PPDC).

Que se sepa, nunca realizó las oposiciones para alcanzar el nivel de funcionario. Sin embargo, consta como tal en su biografía del Congreso de los Diputados (IV Legislatura, 1989-1993) y en la página web de su partido. Por cierto: en la página del PP tampoco figura que fue derrotado tres veces en las elecciones a la presidencia de la Junta. En la actualidad, Arenas goza de excedencia forzosa en su puesto de archivero.

Alicia Martos ingresó como despensera (encargada de suministros) en un centro del Instituto de la Juventud (dependiente del Ministerio de Cultura) de Aznalcázar (Sevilla). Si Arenas tenía buenos contactos en el ministerio, Alicia contará con el inestimable asesoramiento de su tío, Fernando Martos, alcalde de Baza durante el franquismo, y con una destacada carrera en el ámbito de la juventud en los últimos años de la dictadura. Con la democracia, ocupó puestos de responsabilidad en los gobiernos de Aznar, de los que formó parte Arenas.

Con las transferencias de Cultura en 1983, Arenas y Martos pasaron a ser personal laboral de la Junta. Martos, con la categoría de titulada superior del Grupo I. Treinta años después, coinciden en su oposición a la Junta.

Pero el decreto es ya ley. El día 16 fue aprobada en el Parlamento la Ley de Reordenación del Sector Público. El pasado martes entró en vigor.

La inteligente posición mantenida por UGT y CC OO, que se opusieron al primer decreto y forzaron a la Junta a rectificarlo, contrasta con la cerrazón de los sindicatos gremiales que se negaron a aportar enmiendas en el Parlamento y amenazan con boicotear los mítines socialistas en la campaña electoral. Por cierto: la reciente encuesta de Cepes aporta este valioso dato: el 68,8% de los andaluces está de acuerdo o algo de acuerdo con la reforma.

La estrategia del PP quedó destrozada además cuando el BOE publicó el día 10 una disposición adicional a la Ley de la Función Pública de Galicia según la cual el personal laboral se convertirá en funcionario sin pasar por la oportuna oposición "de libre concurrencia". Allí si puede haber enchufismo. Aquí, no. Una vez más, se confirma que el PP hace donde gobierna (Galicia) lo contrario de lo que predica donde es oposición.

Si Arenas y Martos quieren ascender, deberán aprobar la oposición correspondiente o marcharse a Galicia. En eso le llevan ventaja el presidente José Griñán y la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, principales artífices de la reforma, sobre quienes peperos y gremialistas han volcado su ira. Ambos son funcionarios desde muy temprana edad. Martínez Aguayo, por partida doble: Enfermera y médico de familia de la SS, desde los 25 años. Griñán, inspector de Trabajo desde los 24.

Aprobaron a la primera. Sin enchufes.