Vázquez exige que se pare la inspección de hoy en su casa

Resbalón urbanístico del líder socialista o abuso de poder de la Xunta. En la inspección que hoy efectuarán técnicos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas a la casa de Pachi Vázquez en San Amaro (Ourense) no parecen caber más posibilidades que esas dos. Según Agustín Hernández, su consellería se limita a hacer cumplir la legislación urbanística. Vázquez, que ayer solicitó que se paralice la visita de los inspectores, denuncia una "persecución política" que compara con el caso de Unións Agrarias, en el que las inspecciones para investigar una supuesta trama que desviaría fondos al PSOE han acabado con una imputación a cargos de la Xunta por desvío de poder.

La actuación que la consellería verificará 'in situ' está validada por el Ayuntamiento

La de San Amaro es una casa centenaria en la que el secretario general del PSdeG reside desde hace 27 años. En 2006 solicitó licencia para cambiar un tejado sobre una bodega. Según fuentes próximas al líder socialista, durante las obras fue necesario modificar el proyecto para reforzar la estructura interior, lo que se plasmó en el correspondiente proyecto de legalización, proyecto que ya ha sido informado favorablemente por el arquitecto y el secretario municipales y por la junta de gobierno, esta última, el 13 de enero pasado. Según Vázquez, las obras no supusieron la ampliación de la planta ni aumentaron las alturas.

El caso de Unións Agrarias y la proximidad electoral incrementan las suspicacias. La Consellería de Territorio reconoce que las obras ejecutadas son legalizables, como así lo ha determinado la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), pero atribuye la visita de hoy precisamente al proyecto presentado por Pachi Vázquez. "Se trata de comprobar in situ que el proyecto de legalización coincide con lo ejecutado", afirma un portavoz de la consellería. ¿Verifica siempre la consellería que este tipo de proyectos se corresponden con lo ejecutado? "Sí, siempre", asegura el mismo representante de Territorio. "Nunca; es la mejor demostración de que se trata de una persecución política", sostiene un portavoz de Vázquez.

El líder del PSdeG está convencido de que a la Xunta sólo le mueve la intención de montar hoy en su casa un "circo mediático". En su reclamación de que se anule la inspección, su abogado afirma que, incluso aceptando que se trate de suelo rústico -Vázquez sostiene que es rural-, la ley "no contempla el referido trámite de visita de comprobación de obras".

Los argumentos del secretario general del PSdeG se refuerzan con los dos recursos contencioso-administrativos presentados contra la apertura de expediente por la consellería y por la APLU, ambos admitidos a trámite. "Toda la actuación llevada a cabo" por la consellería, concluye el abogado de Vázquez, "carece de apoyo legal, incurriendo en manifiesto abuso de derecho, y únicamente parece entendible desde una motivación política".

Si el suelo afectado es rústico o rural tiene su importancia. El Ayuntamiento de San Amaro trasladó el expediente a la APLU el 28 de mayo de 2009, cuando aún no se había adherido a la agencia, que no hubiera podido intervenir en caso de que se tratase de suelo rural, como reconoce la propia Xunta. Pero la agencia, que depende de Territorio, decidió actuar. Lo hizo cuando Hernández llevaba sólo un mes al frente del departamento. Según la consellería, la propia voluntad de Vázquez de legalizar las obras es un "reconocimiento" de que el suelo es rústico.

El expediente pasó del Ayuntamiento de San Amaro a Hernández, y este se lo trasladó personalmente a la secretaria general de Urbanismo, Encarnación Rivas. Así lo declaró ante el juez la jefa del Servicio de Inspección III de la APLU, Iria Alfonsín, llevada al juzgado por el propio Vázquez por la filtración del expediente al diario Abc antes de que se le notificara al afectado. El juzgado reveló "infracción penal", pero archivó el caso ante la imposibilidad de atribuir su perpetración a persona alguna.