Los jueces de Málaga logran un cupo de aparcamientos reservados

Se empeñaron hasta hacer del asunto una causa gremial y al final lo han conseguido. Los jueces y fiscales de Málaga dispondrán de plazas de aparcamiento reservadas en el sótano de la Ciudad de la Justicia. El secretario general de Justicia de la Junta, Pedro Izquierdo, ha comunicado a los trabajadores un cambio en las normas de uso del aparcamiento del edificio de la sede judicial, de forma que a partir de ahora 67 de las 166 plazas serán para uso exclusivo de jueces y 20 para fiscales.

El sindicato SPJ-USO, mayoritario en el sector, lamentó ayer que la Junta haya "cedido a las presiones intolerables de un grupo minoritario de trabajadores, los jueces, que aumentan de esta forma su nivel de privilegios, más propios de tiempos pasados". Para el sindicato STAJ el pacto alcanzado por el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, es "una bajada de pantalones de la Junta".

Desde que se abrió la Ciudad de la Justicia de Málaga en febrero de 2008, el uso de los aparcamientos subterráneos se repartía por orden de llegada hasta quedar completo, independientemente de la función y rango de los trabajadores. No es que el resto no tenga dónde aparcar, en el exterior edificio hay un aparcamiento gratuito con 1.500 plazas que casi nunca se llena, pero el uso del subterráneo se ha convertido en emblema de los conflictos de intereses.

Negación del CGPJ

La Junta siempre había mantenido hasta ahora que ningún colectivo tuviera derecho de uso y se había enfrentado a los jueces y fiscales, que siempre han creído que les corresponde. Hasta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tuvo que intervenir para desautorizar las pretensiones de los jueces y dejó sin efecto sendos acuerdos del presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Arroyo Fiestas, y del entonces juez decano, Manuel Caballero Bonald, que el 8 de julio de 2009 establecieron que jueces y fiscales tenían el derecho de uso del aparcamiento subterráneo de forma excluyente.

La pugna ha llegado a ser tan agria que deja capítulos como la denuncia que puso una juez a un guardia civil que le impidió acceder al aparcamiento una mañana que ya estaba completo.