La consellería reconoce que no visitó otras entidades

Ocho meses después de que la Xunta iniciase su investigación urgente sobre el uso de las ayudas por parte de Unións Agrarias, el Gobierno gallego no ha facilitado un solo dato sobre el resultado de sus pesquisas. El procedimiento que eligió la Administración fue tan aparatoso como inédito: nunca antes se había utilizado en el control de las subvenciones.

En el escrito que ha remitido al juzgado, el director general de Traballo admite que no hubo ninguna otra visita de ese tipo que no fuera a Unións Agrarias o sus entidades afines. Y eso que son cientos las organizaciones que recibieron ayudas de ese fondo de cooperación. El alto cargo de la Xunta lo explica así: "No se realizó hasta el momento a ninguna otra [entidad] porque el objeto de la subvención se entiende cumplido con la contratación de los trabajadores y para verificar el mantenimiento de esa realidad, la autoridad permite sustituir esas visitas por otras evidencias que permitan garantizar de forma razonable la realidad de la prestación e servicios cofinanciados, tales como comprobaciones de vidas laborales, memorias explicativas de las actividades relacionadas".

¿Porque esa justificación sirvió para los otros cientos de asociaciones que concurrieron a las ayudas pero no para Unións Agrarias? Según el director general de empleo, "porque la verificación in situ se circunscribe a las operaciones de gran importe, en las que se detectaron problemas o irregularidades o en las que, con ocasión de otros controles, se pusieron de manifiesto operaciones concretas que sean en apariencia anómalas y requieran de un examen más detallado, es decir criterior basados en el riesgo)".

El PP, tras la denuncia

Las apariencias anómalas que llevaron a Traballo a optar por este método extraordinario fueron las noticias de prensa. Que se basaron en las denuncias del PP.

Las primeras visitas de personal de la Xunta a Unións Agrarias se produjeron el mismo día en que el conselleiro de Presidencia admitió que su partido no tenía pruebas para respaldar la denuncia del portavoz Antonio Rodríguez Miranda sobre la financiación ilegal del PSOE. Semana y media después, el 17 de junio, ya como conselleiro de Presidencia, Rueda envió a los inspectores de la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, a interrogar a ganaderos, agricultores, presidentes de asociaciones rurales y trabajadores del sindicato.