Los pleitos lastran la recaudación de impuestos gestionados por el Consell

Una cosa es rebajar o congelar impuestos y otra gestionarlos con eficiencia. El Consell ha insistido reiteradamente en que su política se basa en "no subir" la presión fiscal. Hace apenas una semana, el portavoz parlamentario del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, reiteraba el argumento: "Vamos a seguir impulsando una política fiscal basada en la reducción de impuestos para paliar los daños que Zapatero ha provocado en los bolsillos de los valencianos".

¿Y qué ocurre con la gestión de esos impuestos? La diputada socialista Cristina Moreno ha calculado que la Generalitat deja de recaudar unos 27 millones de euros anuales en la gestión de impuestos cedidos como los de transmisiones y actos jurídicos documentados y los de sucesiones y donaciones, dado que pierde miles de recursos a sus dictámenes de valoración de propiedades inmobiliarias.

"La Generalitat está reconociendo su incapacidad", afirma Moreno

El problema, que consiste en que el Tribunal Superior de Justicia considera irregular aplicar a los inmuebles unos coeficientes preestablecidos sobre su valor catastral sin que se produzca una valoración específica de la propiedad en cuestión, obligó el año pasado a la Generalitat a introducir modificaciones en sus dictámenes. Unas modificaciones que no han venido a superar la situación porque siguen basándose en el mismo criterio. "El Consell renuncia a intentar determinar el verdadero valor real del inmueble transmitido", explica la diputada socialista, que considera que, de esta forma, la Administración autonómica "está reconociendo su incapacidad para gestionar correctamente los impuestos".

Cada año, el Consell establece un coeficiente sobre el valor catastral que es único para todo el municipio donde esté el inmueble y que no tiene en cuenta el estado de la propiedad, su antigüedad o la zona de su ubicación. Las reiteradas sentencias contra este sistema, que no se aplica en otras comunidades autónomas, hacen que el Tribunal Económico-Administrativo anule la inmensa mayoría de las valoraciones que han sido recurridas.

Según la cifras que maneja Cristina Moreno, extraídas de la memoria de los Tribunales Económico-Administrativos, de un total de 10.762 reclamaciones presentadas en 2009 contra el impuesto de sucesiones y donaciones y contra el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en 9.475 casos se dio la razón al contribuyente, lo que quiere decir que en un 88% de los casos la Generalitat no respetó los derechos y garantías. "Uno de cada cinco recursos económico-administrativos presentados en España por estos impuestos obedece", según Moreno, "a una liquidación practicada por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat".

Dado que la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, ha descartado, pese a todo, que la cifra de expedientes sea alarmante, la diputada socialista ha decidido presentar 88 preguntas parlamentarias en las que, "ante las comprobaciones generalizadas de valores de bienes inmuebles que no se ajustan al ordenamiento jurídico", y dada la gran carga de trabajo en el Tribunal Económico-Administrativo y en el TSJ y el elevado número de expedientes y reclamaciones, pregunta sobre aspectos como el número de inspectores de tributos, el número de reclamaciones y sus causas, las liquidaciones practicadas y las autoliquidaciones pendientes de revisar o la cifra de sanciones por infracciones tributarias y su importe. "Mi objetivo es que en el Consell se tomen esto de una vez en serio", señala Cristina Moreno.