Competencias y responsabilidad

El desempleo es, ante todo, un drama personal, que solo quien lo ha vivido puede entender en toda su magnitud: "¿Qué hacer durante todo el día? Vas a casa y te sientas y comienzas a frustrarte; toda la familia empieza a ponerse nerviosa, a discutir por cosas estúpidas... toda la familia se queda como aturdida por la situación", recoge en su Historia oral del desempleo Harry Maurer de labios de un trabajador de la construcción en paro. Sus efectos sobre las personas son devastadores, hasta el punto de que la evolución de la tasa de desempleo es una de las variables que se utilizan para prever la evolución de la demanda de asistencia psiquiátrica en algunas grandes ciudades. Y además de un drama personal con consecuencias sociales, el desempleo es un enorme despilfarro económico que demuestra la existencia de un gran fallo en la organización política: la incapacidad de aprovechar la disposición a trabajar y crear riqueza de multitud de ciudadanos, muchos de los cuales han realizado grandes inversiones personales y han aprovechado inversiones públicas para mejorar su capital humano, es decir, su formación para obtener una renta mayor en los mercados laborales.

En España, las políticas que permiten luchar contra el paro cíclico son competencia del Estado

El desempleo involuntario, pues, es un mal absoluto que hay que erradicar. Ahora bien, para reducirlo o hacerlo desaparecer es conveniente recordar cuáles son sus causas; y por tanto cuáles son los remedios. Convencionalmente, los economistas distinguen entre tres tipos de desempleo. En primer lugar, el denominado desempleo friccional, que es el que afecta a quienes están rotando de puesto de trabajo (por ejemplo a quien se cambia de ciudad por razones familiares) o a quienes se incorporan por vez primera al mercado laboral (que tienden a preferir un primer empleo directamente relacionado con su formación recién adquirida). En segundo lugar, el desempleo puede ser estructural, que es cuando afecta a un sector de la producción concreto (como ocurrió en tiempos de la reconversión del sector siderometalúrgico, o del sector naval), o a una zona geográfica en particular (generalmente como consecuencia de su elevada dependencia de un único sector que entra en crisis). Y, finalmente, el desempleo es cíclico cuando, como consecuencia de una recesión económica general, la demanda total de trabajo cae en prácticamente todos los sectores.

Frente a los dos primeros tipos de paro, las políticas de empleo basadas en la mejora de la intermediación entre quien busca trabajo y quien demanda trabajadores, y las políticas basadas en la formación laboral, pueden ser muy efectivas. Unas oficinas de empleo y colocación eficaces contribuyen a disminuir el tiempo de búsqueda para ambos (empleador y empleado) y a reducir el volumen de desempleo friccional que, dada su naturaleza, siempre se da en toda sociedad en alguna medida (del 1 al 5% de la población activa, según los países). La formación de trabajadores experimentados en un sector industrial en decadencia para adaptarlos a otro sector industrial en auge contribuye notablemente a paliar los efectos del desempleo estructural. Pero cuando el paro crece simultáneamente en todos los sectores productivos, porque la demanda global de empleo se desmorona, como sucede ahora en España, las únicas políticas posibles son las económicas de alcance general. Por ejemplo, las relacionadas con la regulación del mercado laboral; o con los costes de producción (energía). Comparar las cifras de empleo destruido en Alemania durante la crisis y su situación actual (entre el 7 y el 8%); o la media de la eurozona (10% en enero), y compararla con la española, que pasa del 19% en 2010 a más del 20% en la actualidad, reforma laboral mediante, puede dar una buena idea de las consecuencias de una normativa laboral u otra; de una política energética u otra; o del dinamismo de una economía nacional u otra.

Como es bien sabido, aunque no sobra recordarlo, en España las políticas económicas generales que permiten luchar contra el paro cíclico son competencia del Estado; y el resto de las administraciones poco más pueden hacer que ayudar a caminar en la dirección correcta (por ejemplo, reduciendo el déficit). Las comunidades autónomas tienen competencias, básicamente de ejecución, en las políticas de colocación y formación, más adecuadas para reducir el paro friccional o el estructural. Y aún así hay diferencias notables. De hecho, en 2010, Galicia (pese al repunte del último trimestre) fue la tercera comunidad autónoma en la que menos se incrementó el paro registrado en relación a 2009. Permanecemos en el entorno del 15%. Poco consuelo para quien vive el drama personal y familiar del paro. Que seguro que tampoco lo encuentra en los enredos sobre la titularidad de las competencias. Y que por ello sabe, perfectamente, quién es el responsable de haber llevado a la economía nacional al punto en el que se encuentra.