La guerra civil de los 'telecos'

La policía lo sabe bien: la mayor parte de los casos de violencia se dan en el ámbito doméstico. Pequeñas rencillas acumuladas acaban un día en cualquier cosa. Algo así ha pasado entre los ingenieros de telecomunicaciones. El pasado viernes, unos cerrajeros cambiaron las llaves de la puerta, de modo que cuando el decano del Colegio de Cataluña, Miquel Ramírez, fue a entrar, se llevó un chasco. No sólo su llave era inútil: en el interior había unos guardias de seguridad que le notificaron que no estaba autorizado a usar unas instalaciones donde por la mañana tenía su despacho. La cosa acabó en un juzgado que, provisionalmente, ha decidido que el Colegio español dé una llave a la organización catalana para que pueda seguir utilizando el local. Ambas partes dicen que las cosas se arreglarán y que la culpa es de los otros.

"No hay que ver voluntad separatista en el conflicto", dice el colegio catalán

El Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Cataluña nació oficialmente el pasado octubre, por un decreto del Gobierno catalán. Hasta entonces, la organización colegial era única para toda España y la demarcación de Barcelona, junto a la Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones de Cataluña, utilizaba un local que pertenece al Colegio español sin pago alguno. "Como había sido siempre, porque siempre hemos tenido muy buenas relaciones", explica Eugenio Fontán, decano de la organización española. El 1 de enero nació formalmente el Colegio de Cataluña, de modo que los ingenieros de esta especialidad no tenían por qué mantener la doble colegiación, salvo que así lo deseasen. La norma catalana establece que los profesionales pertenezcan al colegio donde residen. En total hay unos 12.000 ingenieros de telecomunicaciones en toda España, de los que unos 1.500 ejercen en Cataluña. Estos ya no tenían que pagar la cuota española, pero vieron que les era cargada a mediados de enero. Aquí las versiones difieren. La organización colegial catalana sostiene que hasta ese momento el pago se hacía en octubre y que la cuota de enero sólo se cargó a los colegiados catalanes. Fontán afirma que el cobro en enero se aplica en toda España desde hace dos años, "porque la colegiación lleva aparejado, entre otras cosas, el visado y un seguro y, seguramente por la crisis, no habíamos encontrado con casos en los que el colegiado usaba los servicios en la primera mitad del año y luego no pagaba".

Carles Martín, vicedecano del Colegio de Cataluña sostiene que la discrepancia real es histórica: "Cada año el Colegio reservaba una cantidad desmesurada para gastos generales, relacionados con la sede en Madrid, y poco para las organizaciones territoriales", de modo que la escisión ("no hay que ver aquí voluntad separatista alguna", añade) responde a la voluntad de administrar los propios fondos.

La tensión fue subiendo de tono hasta el viernes, cuando el Colegio Español cambió las cerraduras, aduciendo una ruptura del pacto por el que cedían los locales a las organizaciones catalanas. Éstas llevaron el caso al juez, quien ordenó que se permitira a los catalanes usar las instalaciones. La resolución judicial noera clara, de modo que los propietarios del edificio entendieron que debían permitir la entrada a los empleados, pero no a los colegiados, lo que obligó a pedir al juez una segunda disposición. En este caso obligaba a ceder una llave a los usuarios de siempre que desde ayer han recuperado el acceso a la sede.

En la escalada, un ejecutivo que compaginaba su labor para ambas entidades ha sido despedido. La organización española sostiene que había pedido la baja del Colegio español para trabajar en el catalán. La entidad catalana lo niega y dice que se trata de una guerra de nervios. Tanto Fontán como Martín sostienen que la cosa acabará en entendimiento... algún día.