200 penalistas progresistas piden que se regule la violencia policial

Velar por la seguridad y los derechos de los ciudadanos exige cierta discrecionalidad en el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, pero esa discrecionalidad no puede transformarse en falta de legislación. El Grupo de Estudios de Política Criminal, formado por 200 magistrados, catedráticos y criminólogos progresistas ha hecho público un manifiesto en el que reclama al Gobierno que haga algo para evitar la "desregulación" que existe en este campo y que legisle para someter la violencia policial a "disciplina y restricción".

El manifiesto no se refiere a actuaciones concretas de los agentes en los que la urgencia o el peligro les pueda obligar a recurrir a la fuerza de forma discrecional, sino a actuaciones cotidianas y regladas. Los penalistas ponen como ejemplo los controles de documentación en la calle, los cacheos, los controles de alcoholemia, el cierre de espacios urbanos, la videovigilancia, las detenciones, los desalojos, la disolución de manifestaciones o el simple patrullaje.

Todas esas actuaciones están sometidas solo a los principios recogidos en el artículo 5 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que solo contiene, según el documento, "declaraciones genéricas acerca del respeto a la Constitución, la neutralidad política, la imparcialidad y la prohibición de discriminación" o la posibilidad de desobedecer "órdenes manifiestamente ilegales".

Actuar con decisión

Sobre el uso de la violencia la norma solo enumera las pautas de "actuar con la decisión necesaria y sin demora para evitar un daño grave" o la obligatoriedad de que los agentes usen el arma solo "en situaciones de riesgo grave para su vida, su integridad o la de terceras personas" o en caso de "grave riesgo para la seguridad ciudadana".

Todo ello deja al agente, quien toma la decisión de recurrir a la coacción, "un poder extremadamente discrecional que corre el riesgo de convertirse en pura arbitrariedad". Este tipo de violencia, además, suele haberse sufrido de forma irreversible cuando llega a los tribunales, y que, cuando se ejerce ilegítimamente, sus víctimas suelen ser los más pobres, sin medios para denunciar. Solo se repara en ello cuando los perjudicados "gozan de un estatuto político, económico o social" que provoca interés mediático, como en el caso, por ejemplo, de detenciones de políticos corruptos.