Baltar destinó 600.000 euros a construir un vertedero sin autorización ambiental

La Diputación de Ourense ha construido con fondos comunitarios un vertedero de residuos de construcción sin autorización medioambiental integrada y sin la evaluación de impacto ambiental que exige la ley. La institución provincial destinó a esta obra una subvención de la UE por importe de 600.000 euros procedentes de fondos Feder y la acometió en cuatro meses, entre marzo y junio de 2010. Casi un año después, la Diputación saca el proyecto de la obra a información pública para pedir autorización.

Grupos políticos, ecologistas y la asociación de recicladores de residuos de Galicia han cuestionado no solo la legalidad de la obra, sino la necesidad de este vertedero "sin interés público ni social" en una comarca en la que existen ya dos plantas similares de gestión privada que, en este momento de crisis, han visto reducida su actividad al 15% de su capacidad como consecuencia de la escasa actividad en este sector empresarial.

La Xunta eximió a la planta de la licencia municipal cuando estaba terminada

La primera denuncia sobre la supuesta ilegalidad de la obra la realizó la asociación ecologista Adega. Envió un escrito al Valedor do Pobo alertando de que la actuación carecía de licencia municipal. Pero el Valedor informó de que no era necesaria. El Consello de la Xunta había ordenado la supramunicipalidad de esta actuación. Lo hizo después de que se ejecutara la obra, el 1 de julio de 2010.

Según la denuncia de Adega, confirmada por la oposición de Xinzo, los vertidos ("fundamentalmente de neveras viejas, sofás y otros residuos domésticos") comenzaron a depositarse antes de que se construyera la planta. "Está todo ahí enterrado", sostiene la portavoz socialista en ese Ayuntamiento, Elvira Lama. En su contestación a Adega, el Valedor informaba el año pasado de que "en la actualidad, está en tramitación" la autorización ambiental integrada ante la Consellería de Medio Ambiente.

Un año después, el vertedero carece de ella según la denuncia de los empresarios de residuos de la construcción. El Ayuntamiento de Xinzo se desentiende. "Es una obra supramunicipal, nosotros no tenemos nada que ver, corresponde a la Diputación", explica el alcalde, Antonio Pérez (PP). El técnico responsable de la institución provincial, el jefe del servicio de ingeniería, Javier Bobe, está ilocalizable para este periódico.

La asociación de recicladores de residuos de la construcción, Arcodega, insiste ahora en la misma denuncia. El colectivo empresarial ha informado a la Xunta de que la planta para cuyo proyecto se pide autorización está finalizada "sin estar resueltas la autorización ambiental integrada y la evaluación de impacto ambiental" que exige la legislación vigente. Arcodega alega además que la instalación cuenta con un denominado vaso de rechazos, sometida a una orden reguladora de la propia Xunta sobre construcción y gestión de vertederos de residuos "sin que se considere esta disposición" en el informe público de la Diputación.

El colectivo empresarial reclama a la Xunta que reconsidere la ubicación de la planta, construida con el dinero de los fondos comunitarios, y se traslade a una comarca en la que su construcción se justifique con datos de interés público y social. Alega que en la zona existen ya dos vertederos privados que cubren sobradamente los servicios del sector, cuya viabilidad económica queda ahora afectada por la planta de titularidad pública. Según Arcodega, en el proyecto sometido ahora a información pública, la justificación del interés público se basa en "datos obsoletos" sobre la producción de residuos de la construcción y no tiene en cuenta la crisis del sector.