El Gobierno retira el recurso que impedía legalizar los núcleos costeros

El largo contencioso del Ministerio de Medio Ambiente con la Xunta de Galicia por la gestión del litoral toca a su fin. La Vicepresidencia de Política Territorial ha anunciado que retira el recurso de inconstitucionalidad contra la ley autonómica de febrero de 2010 que buscaba legalizar viviendas construidas antes de la Ley de Costas en núcleos rurales de Marín (Pontevedra), entre otras. Y lo ha hecho pese a que, inicialmente, la Dirección General de Costas consideró, bajo el mandato de la gallega Elena Espinosa, que la ley invadía competencias exclusivas del Estado.

Desde la llegada de Rosa Aguilar al frente de Medio Ambiente, y de Pedro Antonio Ríos a la Dirección General de Costas, el ministerio ha emprendido lo que define como "una política de concertación". Pactos con las autonomías de todo color para sofocar los incendios que causados por la Ley de Costas. Primero fue Andalucía, que asumirá competencias en el litoral conforme a su Estatuto. Después Canarias y Valencia, que tendrán una comisión mixta para estudiar los deslindes y la aplicación de la norma en temas como los chiringuitos. Ahora llega el turno a Galicia con la retirada del recurso.El Boletín Oficial del Estado publicó ayer el anuncio de la retirada del recurso al considerar "solventadas" las diferencias entre el Gobierno y la Xunta sobre la Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia. La ley gallega establece que los núcleos rurales que no tuvieran plan urbanístico en 1988 (cuando entró en vigor la Ley de Costas) no estarían sometidos a la normativa estatal, sino a la autonómica, que permite mantener casas de dos plantas.

Medio Ambiente da por bueno el plan de ordenación del litoral gallego

Hasta ahora, Costas interpretaba que la ley permitía a la comunidad establecer en 20 ó 100 metros la extensión de la franja de servidumbre de protección. Ahora, ambas administraciones han decidido que el texto "no modifica la delimitación, la extensión ni el regimen regulador de la franja de terrenos colindantes con el dominio público marítimo terrestre".

Además, la Xunta se compromete a tramitar otra ley para dejar claro que el sistema de legalización previsto en la ley para las viviendas sin licencia construidas anets de 2003 no se aplicará a la servidumbre de Costas. Nada dice el acuerdo de qué ocurrirá si no se reforma la ley. El director general de Costas, Pedro Antonio Ríos, explicó ayer en su despacho que se da por satisfecho con el plan estratégico de ordenación del litoral y la propuesta de ordenación del litoral de la Xunta.

Sobre la legalización de los núcleos conflictivos en Marín, Ríos afirmó: "No se podrá incrementar el volumen, pero sí mejorar la casa. Y lo que era un solar tendrá que seguir siéndolo". "Hemos aplicado una gestión concertada de la ley", señaló. Ríos explicó que ha pedido a los alcaldes afectados que adapten las normas subsidiarias de los municipios para contemplar los núcleos existentes, pero con la condición de que "nunca" se amplíe, algo que "solo podrá ocurrir si se reforma la Ley de Costas".

La renuncia al recurso es un síntoma de un cambio de mayor calado. Ríos afirmó que la cesión de competencias a las autonomías "no se puede universalizar", pero a la vez aseguró que "la realidad competencial no se puede sostener". "Tenemos tres comunidades con competencias [Cataluña, Andalucía y Baleares] y otras tres que lo reclaman insistentemente [Galicia, Canarias y Valencia]. No podemos ir al café para todos, pero sí a la codecisión en la que no desaparece el Estado. La gestión, cuanto más cerca, mejor", concluyó el director general.Las palabras contrastan con la tradición de un departamento, el de Costas, de larga tradición centralista, de ingenieros que han gestionado el dominio público marítimo terrestre, la primera línea de playa. Estos a menudo recelan de las comunidades por considerarlas demasiado complacientes.

Pilar Marcos, representante de Greenpeace, pone como ejemplo el deslinde de Doñana, en el que Espinosa no cedió a la oposición de la Junta andaluza, del PSOE, y expropió todo el sistema dunar. La Junta anunció que recurriría el deslinde pero, finalmente, no ha hecho falta. Tras la llegada de Aguilar, la Administración autonómica gestionará el litoral, como establece el Estatuto de autonomía, y negociará el último deslinde de Doñana, el más conflictivo.