Hacienda investigará la economía sumergida en naves y comercios

Un equipo de inspectores de Trabajo y agentes tributarios se persona en unas naves sin aparente actividad económica, pero con un consumo eléctrico llamativo. Previamente, los expertos de gestión han comprobado la elevada factura energética y los responsables de recaudación están al acecho para intentar cobrar la presumible deuda fiscal que se deriva de esa incoherencia. Cuando acceden a la nave, los inspectores encuentran a un buen número de trabajadores que realizan una labor oculta tanto a la Seguridad Social como al fisco.

Este es un caso tipo de la operación que va a poner en marcha en las próximas semanas la Agencia Tributaria para hacer aflorar economía sumergida. El organismo va a emprender una serie de actuaciones por diferentes puntos de España para sacar a la luz actividades que puedan estar "total o parcialmente ocultas", explica un portavoz. Los inspectores se centrarán en centros de producción (ubicados, por ejemplo, en naves industriales) y también en comercios que no rindan cuentas al fisco.

El gasto de luz es una forma de detectar la actividad irregular

El plan pretende reforzar la presencia de agentes en la calle

Además de los billetes de 500, ahora se rastrean también los de 200

El Gobierno quiere evitar que quien cobre el paro trabaje 'en negro'

Se trata de la primera operación que consolida el acuerdo que firmaron hace casi un año la Agencia Tributaria y el Ministerio de Trabajo para descubrir al mismo tiempo deuda tributaria y laboral. "El convenio empieza a dar frutos ahora", subraya Joan Cano, director de Inspección de la Agencia. En esta colaboración se enmarca el objetivo de descubrir a ocupados que puedan estar cobrando el paro mientras trabajan en negro y a falsos autónomos a los que su empresa obligue a adoptar esta condición para pasar inadvertida. Ambos colectivos figuran por primera vez en el plan de control tributario de 2011.

"Sí, hay muchos palos que tocar, pero nadie debe pensar que vamos a desenfocar otras actuaciones", matiza Cano. El responsable de Inspección concibe los posibles incumplimientos laborales que pudieran detectar como pistas útiles para desenmascarar negocios que no declaren los correspondientes impuestos (IVA, sociedades...).

Cano pone también grandes esperanzas en los resultados que pueda dar la información sobre consumo eléctrico, que está a punto de recibir de manera sistematizada. Hasta ahora la Agencia Tributaria accedía a esos datos mediante demandas concretas a las compañías. A partir de este trimestre, Hacienda dispondrá de todos los consumos eléctricos pormenorizados, empezando por los de 2010. Será una poderosa herramienta para detectar tanto actividad empresarial como alquileres en la sombra.

El cerco a la economía sumergida forma parte del plan de control tributario que se ha marcado la Agencia para 2011 y que se publicó hace una semana en el Boletín Oficial del Estado. Las directrices, más novedosas que otros años, contemplan una mayor presencia en la calle del inspector de Hacienda. "Tenemos que hacernos un poco más visibles", señala Joan Cano, que advierte de las dificultades de ese propósito. La doctrina del Tribunal Supremo y del Constitucional, asegura, refuerza la inviolabilidad del domicilio de las empresas de forma similar a como lo hace con los particulares. "Eso dificulta nuestra actuación, pero con esas limitaciones tenemos que seguir actuando". Cano ha elaborado unas directrices para unificar las actuaciones de los inspectores.

Uno de los programas que seguirá en vigor en 2011 será el del rastreo a los billetes de 500 euros (ahora también se sigue la pista a los de 200). En los más de tres años que lleva en vigor, ha conseguido recuperar 1.114 millones de euros, según los datos de lucha contra el fraude presentados la semana pasada. "Este programa, que era difícil, ha dado muy buenos resultados, aunque ya va para abajo", admite el director de Inspección. De esa cantidad, es casi tan importante lo ingresado de manos de quienes han sido descubiertos que de los temerosos a serlo: 541 millones corresponden a deudas reclamadas a personas sospechosas de haber movilizado grandes cantidades de efectivo para evadir impuestos. Y otros 425 millones se abonaron de forma supuestamente voluntaria como consecuencia de esas actuaciones. Los 148 millones restantes se ingresaron en procedimientos de delito fiscal.