Altea se une por su litoral

"Lo que quieren hacer aquí es una atrocidad basada en una mentira: que esta playa no es apta para el baño". El portavoz de los vecinos alentó así a las 300 personas que ayer se dieron cita en la Cala del Soio de Altea para protestar por las obras que pretende realizar la empresa concesionaria del Portet de l'Olla para cambiar la orientación de su bocana. Un proyecto que podría afectar a esta pequeña playa y su entorno, formado por un afloramiento volcánico único en el litoral valenciano.

Bajo pancartas colgadas de las casas que dan al mar con lemas como Salvem la nostra platja, No a la bocana, si a la cala o Cala del Soio, paratge natural protegit, vecinos del lugar, otros llegados del casco urbano (a un par de kilómetros del paraje ubicado al norte de la población) y políticos de diferente signo unieron sus voces para salvar aquello que consideran "patrimonio ecológico, histórico y monumental" de Altea. Además de denunciar la "agresión al litoral privatizado a favor de una empresa", si se hacen las obras.

300 personas salen en defensa del patrimonio público local

Los vecinos recogen firmas para presentarlas en el TSJ

Vincelem 2006 es la concesionaria desde ese mismo año de la explotación de un pequeño puerto de apenas 40 amarres para barcos de hasta 6,5 metros. Con permiso de la Subdirección General de la Costa del Ministerio de Medio Ambiente y de la Consejería de Infraestructuras, la semana pasada comenzó a remover y modificar el espigón de acceso al muelle con el objeto de evitar que los temporales de levante afecten a las embarcaciones allí atracadas.

Pero empezaron los trabajos sin el permiso de obras del Ayuntamiento, que fue advertido por los vecinos. Estos están de guardia en el lugar, desde que vieron como la empresa metió por un camino de acceso limitado a vehículos de menos de 3,5 toneladas una gran excavadora.

Desde entonces, el pronunciamiento unánime de los 21 concejales de la Corporación contra los permisos, un decreto de paralización de las obras firmado por el alcalde, Andrés Ripoll, del PSPV, y un Contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia con solicitud de suspensión cautelar de las mismas, han acabado dando sus frutos. Por eso, el primer edil anunció ayer que "cualquier actuación futura será consensuada con el resto de grupos del Ayuntamiento". En este caso, la unidad consiguió la fuerza.

Los vecinos de la cala han comenzado a recoger firmas para entregárselas al TSJ y mostrar la oposición ciudadana a los permisos concedidos por la Administración autonómica y estatal. Y algunos reivindican ante sus políticos "la demolición de todas las obras" que generaron el puerto.

Desde mayo de 2010 existe un informe favorable de la Dirección Provincial de Costas para declarar la zona paraje natural.