Dos años de mal funcionamiento sin sanción

El Ayuntamiento de Málaga llegó a abrir un expediente informativo a la sociedad concesionaria de la piscina de Puerto de la Torre por el mal funcionamiento de las instalaciones y los incumplimientos de las concesiones de la adjudicación, que han motivado numerosas quejas de los usuarios desde su apertura hace casi dos años. El Consistorio, gobernado por el PP, no ha llegado sin embargo a imponer ningún tipo de sanción y da por subsanadas las anomalías. El juzgado de Instrucción número 14 de Málaga investiga un posible caso de cohecho en la concesión de esta contrata, formalmente otorgada a una UTE de dos empresas, una de las cuales pertenece a un amigo del concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, que ha asegurado que fue el edil quien le animó a concursar.

Un juzgado estudia un posible caso de cohecho en la adjudicataria

Un escrito, que el PSOE no recibió, reconoce la gravedad de las anomalías

La gestión de la contrata de esta piscina la realiza de facto Enrique Vega, un tercer empresario que formalmente no figura en la sociedad. Vega dirige una organización ciudadana próxima al PP y ha obtenido diversos contratos de adjudicación directa con el Consistorio. El propio Ayuntamiento dirige a él sus comunicaciones sobre la concesión investigada.

La apertura de expediente, el pasado 15 de noviembre, se limitó a emplazar a la empresa concesionaria a corregir las deficiencias, entre otras la aplicación de tarifas contrarias a lo estipulado en el contrato de adjudicación, o servicios que no se prestaban por el plante de monitores en protesta por el impago de sus salarios.

El Ayuntamiento otorgó un plazo de 15 días para subsanarlas y ahora, tres meses después, asegura que el servicio se presta con "total normalidad" y que desde los servicios municipales "se viene haciendo un seguimiento para que la empresa restablezca en su totalidad el servicio" y para que "cumpla su compromiso de abonar el pago de los salarios en tiempo y forma".

Aunque el expediente no se abrió hasta el 15 de noviembre de 2010, cuatro meses antes, el 9 de julio, la Fundación Deportiva Municipal ya había remitido un escrito a Enrique Vega en el que le reiteraba (alude a reuniones previas en las que se trató el asunto) "la necesidad de resolver de manera urgente" los problemas encontrados y que causaban numerosas protestas. En concreto aludía al coste de agua, falta de agua caliente en las duchas, suciedad de las instalaciones y el local adyacente, robos en los aparcamientos o la ausencia de socorrista.

En la comunicación, firmada por el director gerente de la Fundación Deportiva, Luis Díaz, se llega a considerar que todas estas deficiencias "denotan una falta de calidad, profesionalidad e interés en la gestión de la instalación, derivando además en el incumplimiento de las obligaciones contraídas como concesionarios del servicio".

Esta comunicación no se incluyó en el expediente entregado por el equipo de Gobierno al grupo municipal del PSOE cuando el pasado octubre se abordó el mal funcionamiento de la piscina en un pleno.

Además, hay otro incumplimiento en el pliego de condiciones de la concesión, ya que establecía un plazo de 18 meses para la construcción de unas instalaciones deportivas complementarias y un edificio de servicios en tres fases, y transcurridos 22 meses desde la firma del contrato, las obras ni siquiera han comenzado.

El grupo municipal de IU ha solicitado por todas estas anomalías, a las que une la circunstancia de la investigación judicial sobre un posible cohecho, que se rescate la concesión y se resuelva el contrato por incumplimiento muy grave. El PSOE espera que el equipo de gobierno le entregue la información requerida sobre los contratos y subvenciones de los que haya sido beneficiario en los últimos dos años el empresario Enrique Vega.

Los socialistas tienen constancia de que Vega se benefició en 2008 de, al menos, nueve concesiones directas por 300.000 euros y recuerdan las irregularidades ya detectadas en contratos directos del Consistorio. Estas anomalías motivaron, entre otras consecuencias, la dimisión del concejal del PP Manuel Marmolejo por dar contratos a una empresa de su cuñado, y el cambio de los procedimientos administrativos para seleccionar empresas a las que adjudicar contratos que no requieren concurso público.