Agirre opina que la responsabilidad política del 'caso De Miguel' ya "está asumida"

El diputado general de Álava, Xabier Agirre, se escudó ayer en el hecho de que la justicia aún no ha terminado la fase de instrucción del caso De Miguel, la supuesta trama de corrupción que salpica al PNV alavés, para no aclarar si considera que el exdiputado foral Alfredo de Miguel y su sucesor en el cargo, Iñaki Nafarrate, actuaron siguiendo intereses personales o de partido al insistir en sacar adelante la fallida recalificación de terrenos en el Ayuntamiento de Zambrana.

Agirre respondió en el pleno de Juntas Generales al portavoz popular, Javier de Andrés, que la responsabilidad política del caso ya "está asumida" con la dimisión en marzo pasado de De Miguel tras su imputación judicial.

El diputado general pareció hacer oídos sordos a las informaciones desveladas en las últimas semanas sobre el escándalo que gira en torno a esta operación urbanística, que la justicia investiga por el posible pago de comisiones ilegales. De Andrés le recordó que Sidepur, empresa que medió en la recalificación después de ser introducida por De Miguel en el proceso, pagó 180.000 euros a Kataia, firma en la que tenían intereses "dos cargos" del Gobierno foral: De Miguel como responsable de Administración Local y Equilibrio Territorial y Koldo Otxandiano, ex director gerente del Instituto Foral de Bienestar Social, también imputado en la causa.

"Estrategia de crispación"

"Le pido una explicación política", abundó De Andrés, quien resaltó que se puede decir que el presidente egipcio, Hosni Mubarak, es un dictador aunque un juez no lo haya determinado así.

Sobre la actuación de Nafarrate, quien votó en contra de los informes técnicos que sostenían que los terrenos de Zambrana no resultaban aptos para uso industrial, el diputado general recordó que no está imputado. Y se aferró al hecho de que compareciese, junto a la directora Izaskun Martínez de La Hidalga, a petición propia en la comisión de investigación de las Juntas Generales para dar por cerrado este asunto. "Dio explicaciones con pelos y señales", aseguró el diputado general. "¿Que no les cree? Es su problema", replicó a De Andrés.

Agirre reconoció que sabe "muchas más cosas" de la trama toda vez que la Diputación está personada en la causa, pero rechazó hacer la interpretación política que le exigía el PP. "El sumario no está cerrado", alegó. Y acusó a los populares alaveses de utilizar este caso para su "estrategia habitual de crispación y de crítica por la crítica". "No resultan creíbles cuando salen como paladines de la honradez, porque están cosidos y ribeteados con casos de corrupción de norte a sur y de este a oeste" en España, concluyó.