El Supremo ordena que la Audiencia investigue a Díaz Ferrán

El ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán será investigado (y probablemente juzgado) por la Audiencia Nacional en el caso Aerolíneas Argentinas, después de que el Tribunal Supremo haya resuelto que esa es la jurisdicción competente. El ex presidente de la patronal y su socio Gonzalo Pascual, junto a antiguos directivos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), están imputados por presuntos delitos contra la Hacienda pública y malversación de caudales públicos o fraude en el proceso de privatización de la compañía aérea en 2001.

Fuentes jurídicas señalan que la investigación ya está en su recta final (que se instruye desde 2004 en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid) y se espera que se abra el juicio oral en breve plazo. Entre las diligencias pendientes figura la declaración del expresidente de la SEPI Ignacio Ruiz-Jarabo como imputado, según las mismas fuentes, fijada para el próximo día 18.

Pese a que hace algo más de un año el titular del Juzgado central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, rechazó el caso al entender que los delitos que se imputan no pusieron en grave riesgo la economía nacional, el Supremo, en un auto del 20 de enero pasado, le devuelve el asunto por el alto importe del supuesto delito fiscal (casi 108 millones de euros) y la complejidad del caso.

Compra de Aerolíneas

La investigación judicial de la venta por parte de la SEPI de Aerolíneas Argentinas a Air Comet (la desaparecida compañía de Díaz Ferrán) comenzó en 2004. La SEPI vendió Aerolíneas por un dólar y entregó 300 millones de dólares a los nuevos dueños para que pagasen diversas deudas. Pero Díaz Ferrán y su socio no cancelaron esos créditos sino que se subrogaron en ellos (por 273 millones de dólares) de modo que se convirtieron en los principales acreedores de Aerolíneas (expropiada en diciembre de 2008 por el Estado argentino).

El informe del Tribunal de Cuentas de octubre de 2008 dice que Aerolíneas Argentinas costó a las arcas públicas unos 2.000 millones de euros. El mismo informe señala que SEPI autorizó a Air Comet a comprar esos créditos de Aerolíneas pero que el compromiso de aportarlos luego a la compañía no se cumplió hasta cuatro años después de lo comprometido.