Los contratistas denuncian condiciones abusivas en los concursos municipales

El ahogo económico que aprieta a los Ayuntamientos ha forzado a los responsables municipales a agudizar el ingenio para encontrar fórmulas de ahorro y vías de ingresos, aun a costa de asfixiar a otros. Guiados por la consigna de rascar donde se pueda, algunos Ayuntamientos quieren sacar más tajada de sus adjudicaciones e introducen en los pliegos de condiciones de los concursos públicos exigencias a las empresas adjudicatarias de compensaciones con actuaciones complementarias que nada tienen que ver con el objeto del contrato, cuando no directamente en metálico.

Además de premiar ventajas financieras como otorgar puntos por cada mes de aplazamiento de pagos, o asumir gastos de gestión que corresponden a la Administración, se han llegado a exigir en algunos concursos compromisos de realizar obras adicionales, o aportaciones en especies como la entrega de un vehículo.

Vélez pide el dinero equivalente a unas obras de mejora y Marbella un coche

Las empresas contratistas entienden que estas condiciones "abusivas" son en muchos casos claramente ilegales y se quejan de que las Administraciones quieran convertirlas en paganas de sus dificultades aprovechándose además de la necesidad de trabajo que tienen las constructoras para subsistir. "Nos parece un abuso de poder de las Administraciones públicas que están llevando al límite a las empresas, cuando lo que necesitan ahora es apoyo y no trabas porque generan actividad y crean empleo", se queja la gerente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga, Violeta Aragón.

Esta organización, por ejemplo, tiene impugnada en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una tasa impuesta por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre a todas las empresas que presenten ofertas a concursos de obras, es decir, que tienen que pagar solo por el hecho de participar. El contencioso se puso después de reiteradas peticiones al Consistorio de que anulara el impuesto y que solo consiguieron que se pusiera un tope máximo de 3.000 euros. En principio, se fijó un porcentaje sobre el valor del contrato, de forma que en el concurso para unas obras de acceso, cada ofertante debía pagar 5.134 euros, cantidad "desorbitada", según los constructores. Con el concurso para la construcción de un pabellón deportivo presupuestado en 1.459.731 euros, el Consistorio que preside el popular Joaquín Villanova recaudó 32.843 euros por la tasa que pagaron las 15 concursantes.

La asociación ya ganó un contencioso al Ayuntamiento de Fuengirola al lograr que un juez declarara nula la concesión de hasta 10 puntos en un concurso a las empresas que permitieran un pago diferido por más de los 60 días que contempla la ley. La obra de ampliación de la jefatura de policía fue adjudicada a una constructora que se ofreció a cobrar en 240 días, algo que con la sentencia ya no podrá repetirse.

Con condiciones así, según Aragón, a muchas empresas locales les resulta imposible presentarse a concursos públicos, y de hecho dice estar comprobado que a los pliegos con "condiciones leoninas" concurren muchas menos ofertas que a los demás.

Un caso especialmente llamativo es el concurso del Ayuntamiento de Vélez Málaga para un edificio deportivo en Las Golondrinas, en el que valora con hasta 30 puntos la inclusión de mejoras sobre el proyecto licitado; pero le añade hasta otros 20 adicionales si en lugar de ejecutarlas entrega el valor económico de las mismas al Consistorio para emplearlo en "otras prestaciones".

El Ayuntamiento de Marbella en el concurso para el polideportivo de Bello Horizonte obligó a un depósito previo de 60.000 euros para gastos de proyecto y dirección de obra y seguridad que normalmente competen a la Administración. Este Consistorio en un concurso de jardines llegó a pedir a los licitadores un vehículo para los servicios municipales.