Abierto por reformas

Según Carmen Alcaide, ex presidenta del Instituto Nacional de Estadística, dos peculiaridades de nuestro sistema económico que suscitan la incomprensión y desconfianza de los mercados y analistas internacionales son el "funcionamiento y estado de las Cajas de ahorros y la financiación y resultados de las comunidades autónomas" (EL PAÍS-Negocios, 26-12-2010). Sobre las cajas, que ponen en manos de los gobiernos autonómicos el control de entidades que gestionan el 50% del sector bancario, está en marcha una reforma hacia su bancarización; sobre las autonomías y su financiación existe un debate desde hace décadas que se afila cuando hay crisis.

Los dos principales partidos han percibido que la situación actual empuja a la búsqueda de culpables y que entre estos siempre están los políticos, cuyo crédito se sitúa para muchos por debajo del de los pianistas de prostíbulo, y las autonomías, a las que se reprocha clásicamente despilfarro y duplicidades. En relación a los primeros, un estudio del CIS sobre Indicadores de la Calidad de la Democracia registra que el 68,2% de los consultados considera que a los políticos sólo les preocupan sus propios intereses, frente a un 18% que cree que buscan el interés de todos.

Reformar para garantizar el futuro del Estado de bienestar y la viabilidad del Estado autonómico

Respecto a las comunidades autónomas, un informe encargado por la vicepresidencia que dirige Chaves constata que si bien el 80% prefiere el modelo autonómico a sus alternativas (Estado centralizado, independencia), desde 2005 ha bajado en 19 puntos (del 74% al 55%) la adhesión al funcionamiento del Estado de las Autonomías. Esto se interpreta en el sentido de que el sistema autonómico no ha respondido como se esperaba a las prioridades derivadas de la crisis.

Bruselas ha advertido de la necesidad de controlar el gasto autonómico, de cuyos excesos los expertos citan como ejemplo los relacionados con la autoafirmación comunitaria (no ser menos que nadie): televisiones públicas carísimas, universidades en casi cada provincia y proyectos de prestigio local como la construcción de aeropuertos de imposible viabilidad. Pero la opinión pública es sensible también a gastos relacionados con el clientelismo, como la contratación de asesores de dudosa necesidad o el encargo a los próximos de informes manifiestamente inútiles.

Entre las peculiaridades de nuestro sistema político que también deberían causar asombro de mercados y analistas figura el hecho de que los dos principales partidos mantienen las mayores controversias en torno a los temas sobre los que están más de acuerdo (más que cualquiera de ellos con los demás partidos). Un ejemplo obvio fue el de la política antiterrorista, y otro el de las pensiones; pero el más llamativo del momento es la discusión sobre si la fijación por ley de un tope máximo de gasto público autonómico debe hacerla el Gobierno central o el de cada comunidad. Y, en un sentido más general, los reproches cruzados sobre la propuesta, básicamente compartida, de examinar las ineficiencias del sistema autonómico detectadas a fin de introducir las reformas de funcionamiento necesarias para garantizar su continuidad. Es decir, lo mismo que se considera lógico respecto al Estado de bienestar.

Ambos aspectos están relacionados, dada la asunción por parte de las comunidades de las principales competencias sociales: educación, enseñanza, servicios asistenciales. La consecuencia sería partir de las inevitables medidas de austeridad para suprimir organismos superfluos o redundantes, ajustar el personal, establecer prioridades más acordes con las necesidades reales y mejorar la coordinación con otras administraciones (para la compra de medicamentos, por ejemplo). Pero, de entrada, un sector del nacionalismo ha interpretado la mención a la contención del gasto autonómico y a la racionalización de las competencias compartidas como un intento recentralización. Lo que ha sido aprovechado por arbitristas varios para decir que el error fue la generalización autonómica, en lugar de haberla limitado a las tres nacionalidades que la demandaban: Cataluña, País Vasco, Galicia.

Lo que la experiencia de la República indica y la de los últimos 30 años confirma es que difícilmente hubiera podido evitarse esa generalización sin crear un problema de agravio comparativo mucho más grave que los planteados por el modelo actual. Hay una cierta contradicción en quienes por una parte sostienen que debe mantenerse indefinidamente vigente el principio dispositivo (que permite a cada territorio fijar su nivel de autonomía) y a la vez critican la equiparación competencial básica: si puede elegir, ninguna comunidad elegirá menos competencias que la vecina. Y, en todo caso, una vez producida esa equiparación, la vuelta atrás es imposible.

Lo posible es hacer una auditoría (digamos) de los problemas concretos planteados por el despliegue autonómico. No siempre la proximidad garantiza un mejor servicio. Los especialistas reconocen por ejemplo que la transferencia íntegra de las competencias de protección civil fue un error (que se ha intentado paliar con la creación de la Unidad Militar de Emergencias). Admitiendo que pueda ser vital contar con un IPC propio, ¿lo es también disponer de un servicio meteorológico autónomo? ¿Por qué son necesarios recortes de gasto en todas las partidas presupuestarias pero no puede recortarse ni en un euro la destinada a la financiación de la comunidad propia? Y si se entera de esto, ¿qué pensará de nosotros doña Angela Merkel?