Un asesor pagó una deuda días antes de ser inspeccionado

La sesión de ayer del juicio que se sigue en la Audiencia de Vizcaya contra el ex jefe de la Inspección Fiscal provincial, Juan Ramón Ibarra, y otros tres funcionarios por supuesto trato de favor a contribuyentes se centró en los asesores fiscales. Declararon hasta cinco, aunque el más esperado era Iñaki González, uno de los nombres más mencionados durante las nueve jornadas de vista celebradas hasta ahora. A González le costó reconocer al principio su amistad con el principal imputado.

- "¿Conoce o tiene relación con los acusados?", preguntó, como hace con todos los testigos, el presidente del tribunal, Juan Pablo González.

- "No", respondió González.

Acto seguido, tras insistirle la fiscalía, admitió que tenía "relación de afinidad" con Ibarra. Y, después de recordarle que invitó al acusado a la primera comunión de uno de sus hijos, admitió: "Y amistad".

El testigo declara que el director de Hacienda le dijo que iba a hundirle

"A los funcionarios no vamos a pedirles nada", asegura otro asesor fiscal

La fiscalía sitúa al asesor Iñaki González y su consultoría en el listado protegido de Ibarra, junto a otros 21 contribuyentes. En las diligencias, el entonces director foral de Hacienda, Javier Muguruza, reprochó a Ibarra que no se investigase la actividad de González y ordenó el inicio de un plan de inspección.

Este dato fue preguntado ayer por la fiscal jefe Carmen Adán, quien remarcó que el asesor presentó una declaración complementaria -el mecanismo para saldar una deuda fiscal- pocos días antes de que la Hacienda foral le notificase el inicio de una inspección. "Nadie me avisó", sostuvo González.

Sus argumentaciones fueron en la línea de la defensa de Ibarra de buscar la implicación de sus superiores políticos, el director y el diputado de Hacienda. De 1999 a 2003 estos cargos estaban ocupados, respectivamente, por Javier Muguruza y Javier Urizarbarrena, con quien Iñaki González dijo tener "una relación extraordinaria. Comía con los dos todas las semanas".

El asesor manifestó que la situación cambió en 2002 cuando actuó como síndico en la quiebra de una naviera. Declaró que Muguruza, que en su anterior trabajo en un despacho de abogados "llevaba la defensa de una de las partes", le amenazó directamente. "Cuando vimos algo extraño, me dijo que si seguía por esa vía, me iba a hundir de por vida". A raíz de este incidente, aseveró que el entonces director de Hacienda le "echó de las confidenciales", las declaraciones secretas que realizaba al estar amenazado por ETA. "Jamás he podido volver a presentar una confidencial", clamó.

González sostuvo que estas declaraciones, uno de los argumentos de Ibarra para justificar su listado protegido, pasaban primero por el despacho del diputado y el director de Hacienda. Esta aseveración fue contradicha más tarde por otro asesor, Jesús Martin, con varios clientes incluidos en la lista del principal imputado, quien afirmó que siempre que presentaba ese tipo de declaraciones "iba donde Ibarra".

Todos los asesores rechazaron cualquier trato de favor de Ibarra o alguna contraprestación económica. "A los funcionarios y altos cargos no vamos a pedirles nada, sino a intercambiar información", declaró el asesor Fernando Gómez, también incluido en la lista. La fiscalía le considera asesor de 45 contribuyentes del grupo Aguinaga Llantada. Un inspector de la Agencia Tributaria estatal testificó la pasada semana que la Hacienda foral eludió aportar datos de una deuda de esa firma. "A Ibarra le conozco desde hace 30 años. No cabe ni imaginarle [un soborno]", incidió Gómez.

Mateo Paredes, presidente a principios de la década pasada, del Tribunal Económico Administrativo Foral, donde un contribuyente puede reclamar a la Hacienda foral, no apreció "signos de irregularidad" por el listado protegido. "Es normal que quisiera hacer su seguimiento de determinados contribuyentes", dijo, y defendió el trabajo "magnífico" de los otros tres funcionarios imputados.