La empresa que invirtió en Zambrana demanda a su ex administrador por mala gestión

Riera Urbanizer, empresa participada por el grupo catalán Riera, que pagó millones de euros por opciones de compra sobre unos terrenos que supuestamente iban a ser recalificados en Zambrana, ha presentado una querella contra quien fuera su administrador hasta finales de 2008, Francesc Fernández Joval. Fuentes de la compañía desvinculan esta demanda de lo ocurrido con el plan urbanístico impulsado por el ex diputado foral Alfredo de Miguel. Fernández Joval está citado hoy por la comisión de las Juntas Generales de Álava que investiga esta derivada de la supuesta trama corrupta del caso De Miguel.

Las citadas fuentes explicaron que Fernández Joval fue destituido a finales de 2008, pero la querella no se interpuso hasta mediados de 2010. El motivo de la demanda fue "la disconformidad con los honorarios cobrados y la gestión realizada" a nivel global. Junto al ex directivo de Riera Urbanizer, hoy también está prevista la comparecencia ante la comisión de Josu Arruti, administrador de Sidepur, compañía introducida por De Miguel en la operación.

Las comisiones de investigación del Parlamento serán públicas

La comisión de las Juntas tiene previsto solicitar los movimientos de más de 3.000 euros realizados por varias empresas cuyo nombre ha sido vinculado a la trama. Además de Errexal, Kataia Consulting, Eskalmelo, Riera Urbanizer y Sidepur, ha solicitado información sobre Landaburu Etxea, sociedad que el PNV alavés utilizó para comprar su nueva en el centro de Vitoria. La comisión también pedirá los listados de trabajadores de estas compañías.

Mientras, el Parlamento decidió ayer que sus futuras comisiones de investigación serán públicas. La ponencia sobre la aplicación y modificación de Reglamento de la Cámara, en la que han estado presentes todos los grupos, menos el Mixto, aprobó que las comisiones se celebren de manera abierta, salvo que los comparecientes soliciten que la sesión se celebre a puerta cerrada. También libera a los parlamentarios del deber de guardar secreto sobre los contenidos de las comisiones. Las modificaciones tendrán que ser ratificadas por la Comisión de Reglamento y Gobierno de la Cámara.

La presidenta del Parlamento, Arantza Quiroga, explicó que la medida permitirá "facilitar la transparencia" y las "garantías para los comparecientes", dada la polémica por las filtraciones en las dos comisiones en curso en la Cámara, las de los casos De Miguel y Margüello.

Los grupos no pudieron llegaron a un acuerdo sobre una propuesta del PSE para hacer públicas las declaraciones de bienes de los parlamentarios, salvaguardando su seguridad.

Aralar anunció que volverá a la comisión que investiga el caso De Miguel, de la que se ausentó hace unos días por las filtraciones de sus trabajos que se estaban realizando.