Futuro incierto para la caja

Tras numerosos rescates públicos de instituciones financieras e intervenciones para garantizar la solvencia y estabilidad de monedas y economías, la crisis ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema financiero mundial y la importancia de su regulación. En España, se unió el clima general de desconfianza, la debilidad del proyecto europeo, el rápido incremento del desempleo, el elevado endeudamiento externo del sector privado, la crisis del sector inmobiliario español y las dudas sobre la solvencia de nuestra economía, para generar una tormenta que obligó al Gobierno a impulsar iniciativas y cambios estructurales. Así, con el objetivo de mejorar nuestra credibilidad y garantizar la sostenibilidad del Estado de bienestar, se inició la reforma del sistema financiero, se adoptaron medidas de reducción y control del déficit público, se reformó el mercado laboral o se alcanzó un pacto social por las pensiones.

Hay que concertar una estrategia, con el liderazgo de Feijóo, que implique a partidos y agentes sociales

En el sector financiero, una vez encendidos los focos y las alarmas sobre su solvencia se adoptaron decisiones para proporcionar credibilidad, seguridad y confianza. Así, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), la publicación de los tests de estrés, la modificación de la ley de cajas y la correspondiente adaptación de las legislaciones autonómicas a esta ley (pendiente todavía en Galicia) buscaban sanear los balances, garantizar la solvencia y profesionalizar la gestión. Fruto de esta reestructuración las 45 cajas existentes al inicio de la crisis pasaron a 17, una de ellas, Novacaixagalicia (NCG). Sin embargo, pese a los avances producidos en las diferentes reformas y a la intensa reducción del déficit público, continúa el fantasma de la desconfianza en la capacidad de bancos y cajas para capitalizarse, al tiempo que permanece paralizado el crédito.

Esta situación tiene su eslabón más débil en las cajas que, a pesar de representar el 51% del sistema financiero español, siguen resultando poco comprensibles y transparentes para los inversores extranjeros lo que limita su capacidad de captar fondos. Tanto es así que destacados representantes del PP, como Dolores de Cospedal, defienden la necesidad de acelerar otra reestructuración del sector de la que resultarían sólo dos o tres cajas.

Todo indica que es la reiterada y persistente desconfianza sobre la solvencia del sistema financiero y su negativa repercusión sobre la credibilidad de la economía, la que lleva al Gobierno a imponer condiciones de solvencia más duras y a diseñar un fondo público para sanearlas. Medidas bien recibidas por la UE, el Banco Central Europeo o la patronal de las cajas, por las que las entidades que tengan dificultades para acceder a financiación privada podrán acudir al FROB y, como contrapartida, el Estado nacionalizará parcial y temporalmente la institución e impondrá su bancarización. El objetivo es despejar definitivamente las dudas sobre su solvencia y enviar un mensaje de confiabilidad a los mercados. El fin es recapitalizar nuestro sistema financiero y permitir el acceso al crédito de las familias y las empresas resolviendo uno de los problemas que hoy estrangula nuestra economía.

En este contexto, es preciso conocer las consecuencias del nuevo marco regulador sobre NCG, proyecto que contó y cuenta con un amplio respaldo institucional y social y con el visto bueno del Banco de España. Galicia debe mantener instituciones financieras propias, útiles y solventes, y quiere mantener los beneficios sociales de una caja que apoya al tejido empresarial gallego, atiende a los ahorradores evitando la exclusión financiera y desarrolla una importante obra social y cultural.

Obviamente, para definir las opciones de futuro la dirección de NCG debe aclarar de una vez su exposición al riesgo y las aportaciones de capital necesarias para superar las nuevas condiciones de solvencia. Será preciso, además, conocer su capacidad para acceder a capital privado y/o su necesidad de acudir a los fondos públicos del FROB y evaluar las diferentes opciones de futuro. Además, es imprescindible que, con el liderazgo del presidente de la Xunta, se concierte una estrategia con los partidos políticos y los representantes sociales en defensa de los intereses de Galicia.

Entidades como La Caixa o Caja Madrid han adoptado una posición proactiva enviando mensajes claros a los mercados y a los clientes, tanto de solvencia como de mantenimiento de los beneficios sociales. Lamentarse no resuelve los problemas, por el contrario, pone en evidencia la debilidad de NCG y del Gobierno gallego, empeñado desde el primer día en externalizar responsabilidades y desaparecer de las escenas conflictivas.