Gabilondo rechaza concertar colegios antes de construirlos
El ministerio delimitará los derechos y deberes de los centros subvencionados
La legislación española no contempla establecer conciertos educativos con empresas privadas de forma previa y atemporal, más allá de los cuatro años revisables. Así lo recordó ayer en Valencia el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, al responder sobre los planes de la Generalitat de ceder suelo público para construir colegios privados a cambio de concertarlos hasta 75 años. "Lo que hay que hacer en primer lugar es crear y configurar los centros. Y luego, ver si reúnen los requisitos para su concertación", precisó.
El ministro reflexionó sobre el sistema "mixto" de conciertos vigente, en el cual "es compatible la defensa de lo público con el trabajo serio y concertado de las actividades privadas". Pero insistió en que lo que las Administraciones públicas deben de hacer es "ayudar a ceder terrenos para construir centros, y luego ver si se conciertan o no". "Hacerlo previamente, no me parece adecuado", censuró el ministro.
Educación para la Ciudadanía no va a derogarse, responde el ministro a Rajoy
En esa dirección, Gabilondo subrayó que el ministerio revisa con las comunidades autónomas la normativa para establecer con claridad las prioridades y límites de la concertación. "Trabajamos en los derechos y los deberes de los acuerdos y conciertos para que podamos fijar con claridad cuáles son las condiciones para establecer esos conciertos, y a qué comprometen", adelantó.
Las reiteradas denuncias de las familias contra los "cobros ilegales" en muchos colegios concertados, o las quejas de la izquierda contra las subvenciones a colegios vinculados al Opus Dei que no cumplen con los principios legales de la coeducación y separan a los niños por sexos, han forzado esta revisión.
El ministro se mostró partidario de "promover la cooperación entre todas las nacionalidades y regiones" en torno a la educación, en una autonomía en la que el presidente valenciano, Francisco Camps, ha hecho de su política educativa un enfrentamiento continuado con el Gobierno desde que ganó el PSOE en 2004. Así lo hizo la Generalitat con el boicot a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, traduciéndola al inglés; con su oposición al plan estatal Educa 3, por el que las autonomías construyen guarderías públicas; o con su rechazo público al programa Escuela 2.0 para informatizar las aulas.
En la misma dirección, Gabilondo respondió a las declaraciones del líder del PP nacional, Mariano Rajoy, que aboga por derogar la asignatura de Ciudadanía. "No estamos en esa tesitura".
El ministro, que participó en unas jornadas de orientación en la Universitat de València, enfatizó la necesidad de contener y reducir el alto fracaso escolar nacional, cuya media alcanza el 34%. Gabilondo defendió los cambios contenidos en la Ley de Economía Sostenible, que se tramita en el Senado, que "flexibilizan" la ESO y refuerzan la FP. "Si se aprueba la ley, en un par de años España puede reducir el fracaso en 10 puntos y alcanzar el 15% en 2020", aventuró.
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