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Alicante restringirá la prostitución en la calle más que Valencia y Castellón

El Ayuntamiento ultima la ordenanza tras rechazar casi todas las alegaciones

"No podemos prohibir la prostitución y la mendicidad, pero sí en los espacios públicos". Con estas palabras resumía ayer el concejal de Tráfico, Seguridad y Transporte del Ayuntamiento de Alicante, Juan Seva, del PP, el objetivo de la ordenanza que se ultima sobre mendicidad y prostitución. La norma fue aprobada ayer por la Junta de Gobierno tras rechazar casi todas las alegaciones presentadas (solo acepta dos aspectos de la regulación de la mendicidad) y está previsto que reciba la luz verde definitiva en el pleno del mes próximo. Es la ordenanza "más restrictiva" respecto a la prostitución, según CC OO-PV, y la primera de las tres capitales valencianas que regula específicamente esta actividad y también la mendicidad.

La falta de acuerdo frenó esta ordenanza en 2005 en la capital valenciana

La ordenanza, muy criticada por considerar que se limita a sancionar o que únicamente tiende a esconder realidades, ha recibido alegaciones de sindicatos, colectivos cívicos, la oposición política, comerciantes, y del foro social contra la ordenanza del que forman parte Médicos del Mundo, el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo o la Comisión Diocesana Justicia y Paz. Seva explicó que el equipo de gobierno ha aceptado únicamente dos alegaciones: una del Sindicato policial SPPL, que pedía anular la decisión de que la autoridad procediera, en el caso de la mendicidad, a intervenir los frutos obtenidos mediante esta práctica. El equipo que dirige Sonia Castedo también ha aceptado eliminar la referencia a "formas organizadas" al regular la mendicidad.

El concejal destacó, pese a la polémica, que la ordenanza es fruto de encuentros con vecinos y comerciantes. Y agregó que la norma se basa en la ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona y en textos de la Federación Española de Municipios y Provincias y de su equivalente valenciano. También defendió que la sanción administrativa es una "última instancia" y que antes habrá aviso policial y se ofrecerán programas de acción social. La norma, según Seva, primará la denuncia de los vecinos, aunque ya hay marcadas zonas donde se actuará de oficio. Las multas alcanzan los 3.000 euros.

En Valencia no existe una ordenanza específica contra la mendicidad o la prostitución. Se aplica lo que son las ordenanzas generales y el resto de legislaciones, pero no hay multas. Otra cosa diferente es que cuando se observan problemas de concentración de vehículos en una zona donde se ejerce la prostitución, la Policía Local intensifique la vigilancia y multe a los conductores para evitar problemas de seguridad en el tráfico. O en el caso de locales se compruebe si los locales donde se ejerce la prostitución son clandestinos, tienen licencia y reúnen condiciones. En Valencia hubo un amplio debate en 2005 en torno a la aprobación de una ordenanza de estas características, pero la falta de acuerdo entre los grupos políticos lo impidió.

En Castellón tampoco existe una ordenanza específica sobre mendicidad y prostitución, actividades reguladas brevemente en la ordenanza de Convivencia Ciudadana.

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Tras conocerse la respuesta del Ayuntamiento de Alicante, el grupo municipal socialista defendió que sus alegaciones incidían en el campo de la prevención. Los socialistas reclamaban un Plan de Actuación Integral y que las multas y sanciones se destinaran a su aplicación, según la edil Laura Soler.

Régimen de sanciones

- Mendicidad: las infracciones leves serán sancionables con hasta 750 euros; las graves supondrán multa de entre 751 euros y 1.500 euros y las muy graves (mendicidad ejercida por menores) se castigarán con entre 1.501 euros y 3.000 euros.

- Prostitución: las infracciones leves (ofrecer, solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos en el espacio público cuando estas prácticas impidan o perturben la compatibilidad de los diferentes usos del espacio público con otras personas con derecho a su utilización) serán sancionadas con hasta 750 euros; Las graves (ofrecer, solicitar o negociar a menos de 200 metros de centros docentes) tendrán multas de entre 751 euros y 1.500 euros; Y las muy graves (mantener relaciones sexuales en espacios públicos) se sancionarán con hasta 3.000 euros.

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