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Hacienda tomará medidas si Musikene no regulariza su situación tributaria

Educación investiga el alcance de los incumplimientos fiscales del centro

La Hacienda guipuzcoana aguardará a que Musikene, el Centro Superior de Música del País Vasco, regularice su situación tributaria, pero tomará medidas si no lo hace. Portavoces de la Hacienda foral explicaron a este periódico que aguardarán a que el centro regularice los 378.000 euros que solo en 2009 dejó de declarar por diferentes motivos, según los datos del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. El máximo organismo auditor vasco hizo público el pasado jueves su informe de fiscalización correspondiente a 2009, aprobado por unanimidad, en el que enumera múltiples deficiencias de gestión en el centro, entre las que figuran anomalías tributarias.

Estas deficiencias se centran en que 199.000 euros correspondientes a ingresos que 34 profesionales del Conservatorio recibieron a través de contratos mercantiles no fueron declarados en el resumen anual del IRPF declarado a la Hacienda foral. Junto a ello, los pagos a cinco empresas por valor de 179.000 euros no fueron incluidos en el modelo anual de operaciones con terceros.

La consejería da prioridad al 'Plan Bolonia' y a asentar la gestión

En las alegaciones que la consejera de Educación, Isabel Celaá, realiza al informe en su condición de presidenta del Patronato que dirige la Fundación de Musikene asegura que "se están llevando a cabo actuaciones para averiguar el alcance de los incumplimientos de carácter fiscal, así como aquellos relativos a la falta de solicitudes de compatibilidad" de los docentes. Educación ha solicitado además a la Oficina de Control Económico del Gobierno una auditoría correspondiente a 2009. El ex coordinador del centro, Juan José Pujana, atribuye las anomalías a un "error de la asesoría contratada".

Celaá también asegura que se ha efectuado una reflexión sobre la fórmula jurídica a la que se acoge Musikene, una fundación, cuya figura genera interrogantes en el informe del tribunal, que reclama directamente que se analicen otras posibles opciones. La Escuela Superior de Música de Cataluña (Esmuc), con la que habitualmente es comparada Musikene, también se articula como una fundación.

Sin embargo, por el momento todas estas cuestiones quedan en un segundo plano. Un portavoz de Educación aseguró el viernes a EL PAÍS que la prioridad ahora reside en adaptar el plan de estudios del centro al Espacio Europeo de Educación Superior, el Plan Bolonia, en regularizar la gestión del Conservatorio y en construir la nueva sede.

El informe de fiscalización se refiere a un año sensible, 2009, en que el cambio de Gobierno genera dudas sobre quién era el responsable de la situación. Celaá repite en múltiples ocasiones en sus alegaciones que se trata de una responsabilidad del anterior Ejecutivo. Una de las primeras deficiencias que destaca el tribunal es que el presupuesto del centro de 2009 fue aprobado en octubre de ese año -la Ley de Fundaciones obliga a hacerlo en el primer semestre-, pero es Educación quien debe reunir al patronato para aceptarlo. Ello no se oficializó hasta octubre.

En cuanto al personal, el porcentaje de contratos mercantiles ha caído del 18,5% en 2009 -39 sobre 211- al 5,8% este curso -11 sobre 188-. La actual responsable del centro, Carmen Rodríguez Suso, critica en sus alegaciones que se están produciendo incompatibilidades entre los docentes, pues "la precipitación con que fue implantado el centro impidió a los responsables asumir la incompatibilidad entre el ejercicio de las profesiones musicales en el mercado libre y la legalidad vigente en el ámbito de la Administración".

Rodríguez Suso añade que en un ámbito específico como la enseñanza musical evitar totalmente los contratos mercantiles entre los profesores resultaría negativo, aunque reconoce el "efecto perverso": profesores con contrato laboral se han pasado a los mercantiles. Los docentes trabajan un máximo de 17 horas semanales y cobraban en 2009, en el caso de los de especialidad, más que un catedrático de la UPV: 52.900 euros anuales frente a 48.000.

Silencio en los pasillos y en las redes sociales

Las irregularidades en la gestión de Musikene constatadas por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas han sido recibidas con silencio en la Red. Los estudiantes del centro han abandonado los debates que a lo largo del año pasado desarrollaron mayoritariamente en la red social Facebook y en varios blogs de forma paralela a sus protestas en la calle. Sin embargo, ese silencio no se debe a que estén de acuerdo con la actual situación o avalen lo sucedido.

Musikene ha inaugurado el curso con una nueva exigencia a sus alumnos para poder cursar estudios en el centro: la firma de un documento de deberes y obligaciones que tipifica como graves los "comportamientos que de cara al exterior perjudiquen gravemente la imagen y buen nombre de Musikene". Una de las sanciones previstas para este tipo de faltas es la expulsión del centro. El Conservatorio superior también se ha blindado al considerar sancionables hechos como reenviar al exterior correos electrónicos del centro.

Los profesores tampoco debaten sobre la gestión pasada. "Estamos cansados, asustados. Los profesores evitan hablar sobre Musikene entre ellos y hay mucha desconfianza", asegura un docente que prefiere mantener su nombre en el anonimato por temor. Ninguno se ha presentado como representante del profesorado en el consejo del centro.

Varios docentes aseguran que los últimos cambios y la agitación con que se han abordado han hecho que baje la calidad de la enseñanza.

Tampoco se conforman los profesionales que ya no forman parte de la plantilla tras los despidos efectuados por la nueva dirección desde mediados del pasado verano. Tres de ellos recurrieron sus despidos a los tribunales y todos han logrado sentencias favorables, con tres jueces distintos. Uno de los fallos, ante los que aún cabe recurso, resulta "especialmente agresivo contra la coordinadora general", adelantan.

Fernando Vázquez, ex gerente de Musikene y el primer despedido junto al director artístico, José Luis Estellés, tras la llegada de la actual coordinadora, Carmen Rodríguez Suso, también logró una cuantiosa indemnización al ser declarado improcedente su despido.

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