El Rastro, en un limbo legal

Los 1.300 comerciantes del Rastro, el mercadillo más importante de Madrid, no saben a qué atenerse. Los cambios en la legislación relativa a sus permisos y el retraso de las licencias de los puestos les tienen preocupados, aunque de momento la policía hace la vista gorda. Mientras unos tratan de mantener la calma, otros temen por la continuidad de sus puestos y por cómo será su futura gestión.

"Cumplimos los requisitos, tenemos los papeles, pagamos las tasas. Pero esto es algo superior y no nos enteramos. Es un lío", explica Carlos Madroñal, que cada domingo desde hace 35 años se pone al frente de su puesto de ropa de la plaza del Cascorro.

El lío al que se refiere es un problema administrativo. Desde el año 2000, el Rastro se rige por su propia normativa -distinta a la de venta ambulante habitual- que protege al mercadillo dominical por su carácter histórico.

Los vendedores creen que hay intereses para privatizar su gestión

Sin embargo, en 2009 una regulación europea planteó un cambio: los puestos de mercadillos saldrían a concurso público. Una propuesta que hizo suya la Comunidad de Madrid en marzo de 2010. Los comerciantes se movilizaron y sus miles de firmas lograron que la ley se modificara. "Reunimos 50.000 firmas y conseguimos que salieran a concurso público solo los puestos nuevos. Los que ya tienen dueño podrían cederse hasta por 15 años", afirma orgullosa Carmen Torralbo, coordinadora de la Plataforma de Comerciantes Ambulantes de la región. Efectivamente, esa petición se refleja en una disposición de la ley regional de julio de 2010.

La tranquilidad, sin embargo, no duró demasiado. El pasado 21 de enero el Ayuntamiento de Madrid aprobó un proyecto de ordenanza en el que no se tiene en cuenta esa ley de la Comunidad, ni el acuerdo a favor de los vendedores ambulantes. "Vuelven a remitir al 2003, a la ley antigua, y se saltan la nueva. El Rastro está amenazado", explica Torralbo. Y, desde su puesto del mercadillo, muestra las cartas de protesta que ella misma ha enviado a las autoridades.

La situación de preocupación ha ido in crescendo debido a la demora en la entrega del cartón de 2010, la ficha que renuevan cada año -a año vencido- y que se cuelga en cada puesto como identificativo de que está en regla. Hoy acaba el plazo para solicitar los cartones de 2011. Para conseguirlos es necesario entregar una fotocopia compulsada del documento del año anterior, que hasta ayer nadie tenía, según reconoció el pasado sábado el propio concejal del distrito Centro, José Enrique Núñez.

Los nervios se prolongaron hasta el último minuto, ya que la policía municipal se puso ayer a repartir esas identificaciones de 2010 (entre los puestos que se encontraban en funcionamiento).

Núñez, que tiene prevista una reunión con los comerciantes este miércoles, aseguró que el retraso se debía a "problemas de imprenta" y a que "se ha cambiado el modelo para ampliar la licencia de los negocios a 15 años". No obstante, este periódico comprobó que el único cambio que recogen los nuevos cartones respecto a los de 2009 es que ya no son azules sino naranjas, sin alusión a los 15 años.

Otro de los grupos que aúna a más comerciantes, la Asociación Intercultural del Rastro, aseguraba ayer que "la normativa europea es todavía una recomendación", explicaba Mario Agreda, su portavoz. Cree que esas normas de la Comunidad o del Ayuntamiento no les afectan porque "el Rastro va más allá de la ley de la venta ambulante". Por ello, ha presentado una propuesta para que sea declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial y pretende que los puestos vacantes (en torno a un 15%, unos 200) los ocupen jóvenes artesanos.

Los comerciantes no se fían de tantos dimes y diretes de las Administraciones. Creen que detrás hay intereses para privatizar la gestión del Rastro. Ya se ha hecho con otros mercadillos de la región, como los navideños.

Todas las asociaciones se opondrían frontalmente a esa privatización, explica Agreda: "Nunca se ha planteado. Pero, si se hiciera, luchariamos con todas nuestras armas". Marisol, que lleva 30 años en su puesto de Cascorro, lo tiene claro: "No podríamos pagar 2.000 euros al mes por un puesto".

Las posibles soluciones a este embrollo tienen una cita el miércoles en la Junta de Distrito Centro.