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La Xunta paraliza la erradicación de industrias del borde litoral

Medio centenar de naves siguen ocupando la costa sin tramitar el traslado

Dos años después, el convenio para trasladar industrias del borde litoral es prácticamente papel mojado. Las concesiones caducaban, los empresarios presionaban y la Xunta, que presidía Emilio Pérez Touriño, firmó un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente para posponer los permisos entre siete y 28 años. Era a cambio de que las Administraciones gestionasen con las compañías, todas ellas relacionadas con el sector pesquero, mejoras ambientales, si su ubicación en zona de dominio público marítimo terrestre era imprescindible, o de que retranqueasen sus instalaciones, si no lo eran. Ni una cosa ni la otra. Desde aquel 13 de febrero, todo sigue casi como estaba: ni traslados, ni retranqueos.

La moratoria estaba condicionada a planes de traslado nunca presentados

El acuerdo fue firmado por la entonces conselleira de Pesca, Carmen Gallego, y el director general de Costas, José Fernández Pérez. Pretendía poner fin a la incertidumbre empresarial provocada por la proximidad del vencimiento de los permisos, lo que condicionaba sus inversiones. Las cláusulas fueron contestadas por los ecologistas, que lo consideraron una renuncia a los planes para liberar el borde litoral de Galicia, pero defendidas por Pesca y por el ministerio, dirigido por Cristina Narbona, por facilitar una ordenación "controlada" de la costa. La inacción de las Administraciones ha dado la razón a los primeros, debido a la ausencia de planes de conservación y de traslados.

La primera obligación de la Xunta consistía en completar el inventario de industrias con autorizaciones; una pequeña parte con los permisos ya caducados, y el resto, próximas a hacerlo. La consellería tenía constancia de 19 naves industriales en la provincia de A Coruña y de 11 en la de Lugo, pero faltaba por concretar las de Pontevedra. Fuentes del sector aseguran que ese trabajo, prioritario para poner en marcha el resto del convenio, aún no se ha realizado casi dos años después. Consultada por este periódico, la Consellería de Mar no pudo confirmar ni desmentir este extremo.

Tampoco el Ministerio de Medio Ambiente ha confirmado gestiones para el cumplimiento del convenio, más allá de pequeños cambios como el alejamiento de emisores de piscifactorías. En el caso de la acuicultura, y en consonancia con el plan sectorial que tramitó el bipartito, las instalaciones asentadas en zona de dominio público podían permanecer en su emplazamiento, siempre que cumpliesen una serie de requisitos medioambientales. Mayores dificultades se les planteaban al resto de industrias beneficiadas por el convenio, principalmente conserveras y de depuración de mariscos, que se consideraban más susceptibles de desplazamiento.

La zona que debe quedar liberada es la de dominio público marítimo terrestre -hasta donde hubiera llegado el mar en el mayor temporal conocido- y seis metros adicionales de servidumbre de tránsito. Los planes de Medio Ambiente de despejar la zona, una vez anunciada su disposición inicial de no renovar ninguna concesión de ocupación, provocaron las protestas de los empresarios y dieron paso a un año de negociaciones con la Consellería de Pesca, que culminaron en el convenio de febrero de 2008. Con él, la Dirección General de Costas concedería las prórrogas a los afectados "para que la actividad de esas empresas que emplean a muchas personas no se pueda ver interrumpida", como reconoció el representante del ministerio.

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Lo que entonces se presentó como una solución intermedia entre los intereses de los empresarios y la intención de Medio Ambiente de liberar la costa, se ha convertido en un limbo jurídico. Los responsables de las industrias lo consideran una autorización implícita para permanecer junto al litoral, aunque se sienten incómodos con la inseguridad jurídica de su situación. Con la Ley de Costas de 1988 en la mano, las naves industriales tienen que desalojar la zona obligatoriamente cuando venza la concesión. La ausencia de seguimiento del convenio impide a la Xunta conocer con exactitud incluso a cuántas de las alrededor de 50 empresas afectadas ya les ha caducado el permiso. Según fuentes conocedoras del convenio, en los dos años transcurridos estaban previstos vencimientos de concesiones, pero no hay noticia de ningún expediente de expulsión.

La consellería que dirige Rosa Quintana carece de datos sobre si el inventario está hecho, cuántas empresas se trasladaron y con cuáles se firmaron acuerdos para favorecer la prórroga. El convenio se firmó sólo dos meses antes de que Zapatero fusionase los ministerios de Medio Ambiente y de Medio Rural y Marino, que puso al cargo de Elena Espinosa. Según fuentes próximas a la ex ministra, durante los más de dos años que permaneció en el renovado ministerio, hasta octubre pasado, Costas sólo recibió de la Xunta solicitudes de obras de acondicionamiento "absolutamente menores".

Mar reitera que Touriñán es apto para la acuicultura

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, insistió ayer en que Cabo Touriñán reúne "todos los requisitos" para albergar una planta de acuicultura, tal y como pretende Pescanova. En una entrevista concedida a Radio Nacional, Quintana aseguró que su pretensión es "conseguir las mayores y mejores zonas" en Galicia para las plantas de acuicultura. "Ojalá no sean 20 proyectos, que sean más", señaló la conselleira. También expuso su opinión de que Galicia "no debió perder nunca capacidad de producir especies de acuicultura". Rosa Quintana entiende que Pescanova "sigue interesada" en instalar la planta en Touriñán.

La larga sombra del plan acuícola

La piscifactoría de Stolt Sea Farm en Merexo (Muxía) tuvo un papel protagonista en la tensión que precedió al convenio del 13 de febrero de 2008. El acuerdo se aplazaba indefinidamente y empresas como la multinacional de la acuicultura deslizaban planes alternativos a sus inversiones en Galicia. El plan acuícola del bipartito le concedía, entre protestas de los ecologistas, la posibilidad de efectuar una relevante ampliación de sus instalaciones hacia atrás, fuera de la zona de dominio público marítimo terrestre, a cambio de retranquear el área protegida. Fue una de las empresas que se favorecieron del convenio entre la Consellería de Pesca y el Ministerio de Medio Ambiente.

El retranqueo finalmente no se ejecutará, por la sencilla razón de que, según anunció el Partido Popular, la Xunta de Alberto Núñez Feijóo tiene la intención de descartar la ampliación de la piscifactoría en su nuevo plan de acuicultura. El PP asegura recoger así el rechazo vecinal y ecologista a la ampliación. Según fuentes del anterior Gobierno bipartito, esta actuación era la que permitiría liberar la zona de dominio público para uso ciudadano.

"Han transcurrido dos años, y la Xunta no podrá imputárselos a la empresa", señalan las mismas fuentes. El incumplimiento del convenio deja a la empresa más cerca del vencimiento de la concesión. Su futuro queda ahora a expensas de lo que finalmente decida el plan del Gobierno gallego, que sustituirá al del bipartito y que se dará a conocer en las próximas semanas. El caso de las piscifactorías es muy distinto del de conserveras y las depuradoras de mariscos, que completan el grueso de las naves en dominio público, y en las que la opción principal consistía en su traslado, preferentemente a parques industriales.

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