Dos años de pruebas contra el presidente valenciano

Cuando el juez Baltasar Garzón destapó el caso Gürtel, a principios de febrero de 2009, la sospecha de que la trama corrupta podría haber echado raíces en la Comunidad Valenciana era muy leve. Las primeras órdenes que firmó Garzón se referían a contratos supuestamente amañados en Ayuntamientos gobernados por el PP en la zona rica de la Comunidad de Madrid.

En la documentación que acumulaba la instrucción judicial había cientos de folios con la transcripción de conversaciones grabadas por un ex concejal del PP en Majadahonda con el jefe de la trama, Francisco Correa, y algunos directivos de las distintas empresas de la red. En una de esas conversaciones, Isabel Jordán, responsable de la empresa que montaba los actos para el Gobierno de Madrid, reconocía haber pagado 30.000 euros de trajes de la tienda Milano para Francisco Camps, presidente valenciano.

A partir de este hilo, la Fiscalía Anticorrupción investigó a conciencia hasta destapar una trama de corrupción en la Comunidad Valenciana que alcanza a Camps, a algunos altos cargos de su Gobierno y a la financiación del PP en esa autonomía.

Regalos de Gürtel

Desde aquel mes de febrero de 2009 hasta hoy han pasado dos años de investigación judicial llena de sobresaltos. En otoño de 2009, Camps respiraba tranquilo porque el Tribunal Superior de Justicia de Valencia -cuando el juez que instruía su caso había decidido sentarlo en el banquillo- archivó la causa. Pero el Supremo volvió a reabrirla.

Desde entonces, el sumario acumula decenas de pruebas sobre el supuesto cohecho impropio en que incurrió Camps.

Durante varios ejercicios y en distintas épocas de los años 2005, 2006 y 2007, las empresas de la trama Gürtel pagaron varias decenas de miles de euros en prendas de vestir regaladas a cinco cargos del PP en Valencia, entre ellos el presidente Camps; el entonces secretario general del PP, Ricardo Costa; y el entonces director general de la televisión autonómica, Pedro García. Estos dos últimos dejaron sus cargos tras el escándalo.

Los regalos coincidieron con la adjudicación de contratos sin concurso en la Comunidad Valenciana a Orange Market, la empresa de la red Gürtel que operaba en Valencia. Camps aseguró al juez que pagó los trajes en metálico y en la tienda pero ningún empleado lo confirmó, más bien al contrario.