Archivada la causa por acoso laboral en una residencia de Sevilla
El juzgado número 2 de Dos Hermanas (Sevilla) ha archivado, por falta de pruebas, la causa contra el director de una residencia para discapacitados y el superior de la orden de los Hermanos de la Cruz Blanca, residente en el centro, por instigar un supuesto acoso a dos trabajadoras que denunciaron malos tratos a los internos.
La causa que se ha archivado se abrió tras la comparecencia de dos trabajadoras, quienes dijeron que, después de declarar sobre el supuesto maltrato, sus compañeros las insultaban y "ni las miraban", supuestamente instigados por los dos religiosos.
El juzgado mantiene abiertas otras diligencias en las que dos religiosos, cuatro trabajadores y un voluntario del centro están imputados por supuestos malos tratos. En el caso de los dos religiosos, los malos tratos investigados son dos cachetes propinados a otros tantos internos para reprenderles por su comportamiento, mientras que la investigación contra los trabajadores pretende dilucidar si llevaban a cabo de forma sistemática prácticas "atentatorias contra la dignidad de los residentes" o simplemente se trata de un problema de falta de cualificación, según informó en su día la Fiscalía sevillana.
Un anónimo
La denuncia de malos tratos partió de un anónimo y de una investigación interna llevada por la Consejería para la Igualdad. De la treintena de disminuidos psíquicos que acuden al centro, los presuntos malos tratos se referían a cuatro, cuyas familias declararon que no deseaban reclamar judicialmente ya que "están muy satisfechas y consideran que el trato es correcto".
La Junta anunció esta semana que no renovará el concierto que mantiene con el centro y que caduca el próximo 28 de febrero. La decisión se ha tomado después de que varias inspecciones detectaran irregularidades e incumplimientos "graves y muy graves" del concierto. Los 30 internos y los trabajadores del centro podrán trasladarse, si quieren, a una residencia de nueva construcción en Gines (Sevilla). Tras detectar estas irregularidades, Bienestar Social abrió dos expedientes sancionadores que han terminado con la interposición al centro de una multa de 7.400 euros.
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