Pymes sin crédito

Sin crédito no hay prosperidad. La inversión, las decisiones de crecimiento, de innovación y modernización empresarial, están estrechamente determinadas por esa asignación de ahorro entre los distintos agentes económicos que llevan a cabo los sistemas financieros. El normal funcionamiento de estos, en especial de sus subsistemas bancarios, la existencia de suficiente financiación crediticia, se constituye en la condición necesaria para la supervivencia empresarial. En especial en aquellas economías en las que la apelación directa a la financiación de los mercados es muy inferior a la intermediada por los bancos.

Desde su inicio, esta crisis exhibió su naturaleza fundamentalmente crediticia. Una de sus primeras manifestaciones fue la quiebra de la confianza en el seno de la propia comunidad bancaria internacional. La paralización de los mercados mayoristas es todavía visible para muchos prestatarios, especialmente aquellas entidades bancarias con sede en países con elevado nivel de endeudamiento privado y reducidas perspectivas de crecimiento económico. Es el caso de España. Las dificultades de bancos y cajas para renovar vencimientos de deudas, además de encarecer la captación de pasivo convencional, acentúan las limitaciones al crecimiento de la inversión crediticia en el sector privado. La transición desde ritmos de expansión del crédito de dos dígitos a contracciones sucesivas en los años que llevamos de crisis constituye un problema añadido al desplome de la demanda en muchos sectores.

La incapacidad para acceder al crédito y renovar deuda es causa principal de la muerte de empresas en la eurozona

Mueren más empresas de las que nacen. La incapacidad para acceder al crédito nuevo o a la renovación de viejas deudas es una de las más importantes causas de mortalidad empresarial en la eurozona, desde luego en España. Y esa rotación no cabe saludarla porque sea precisamente muy regeneradora, schumpeteriana. Están desapareciendo empresas con ideas, con proyectos, que, en muchos casos, lo único que precisan es algo de financiación ajena, en ocasiones para cubrir circunstanciales necesidades de circulante.

En Europa, en la eurozona de forma destacada, es particularmente grave. El grado de bancarización de las economías de la región limita de forma significativa la apelación a fuentes de financiación distintas de las intermediadas por la banca comercial. Sufren mucho más las pequeñas y medianas empresas (pymes) que las grandes: la contingentación del crédito y su coste son ya superiores a los de otras economías, como la de EE UU. Y, desde luego, la tasa de natalidad en aquellas economías en las que las modalidades de financiación directa (como el capital riesgo en fases iniciales) no tienen un peso específico significativo las consecuencias son mucho más graves. La penalización crediticia al tamaño reducido es bastante independiente de la ubicación sectorial de los demandantes de crédito.

El Banco Central Europeo (BCE) da cuenta en su último Financial Stability Review (diciembre 2010, página 45) de la particular contracción del crédito a las empresas no financieras de la eurozona. La evidencia es particularmente grave para las pequeñas, con mucha menor capacidad de apelación a otras fuentes de financiación distintas de las bancarias. Según el propio BCE, en la eurozona las pymes representan el 99% de la población empresarial, un 60% de la facturación agregada y el 70% del empleo.

El análisis del BCE se basa en el montante de los préstamos, como aproximación a la dimensión de los prestatarios. A partir de 2008 los préstamos de menor tamaño (los de principal por debajo de un millón de euros) concedidos por los bancos empiezan a caer antes y más intensamente que los de mayor tamaño.

En un contexto de elevado apalancamiento de los bancos y de no menor incertidumbre, no faltan razones que ayuden a entender esa menor propensión de estos a prestar a las empresas y, en todo caso, a discriminar en contra de las de menor tamaño. La primera remite a problemas de información, a la insuficiencia para evaluar la calidad crediticia, de los demandantes de crédito, probablemente debida a las menores exigencias de su propia contabilidad. Esa menor precisión en la percepción del riesgo de crédito se acaba traduciendo, efectivamente, en mayores costes financieros. Estos encuentran justificación aparente en el hecho de que también las pymes disponen de menor capacidad para aportar colaterales suficientes o flujos de efectivo suficientemente estables.

También es evidente esa otra explicación referida a la menor capacidad de negociación que tienen las pymes frente a las entidades bancarias, no únicamente porque las alternativas de apelación a los mercados de bonos sean mucho menores que las que tiene las grandes empresas, sino también porque las posibilidades de cambio de banco son menores y los costes asociados mucho mayores.

Las perturbaciones en los mercados de deuda pública están encareciendo la financiación crediticia de las empresas. Ahora las de la eurozona se endeudan con más dificultad que las estadounidenses y, desde luego, lo hacen a costes financieros mayores, (medidos por el diferencial frente a los tipos de la deuda pública respectiva) son superiores. Eso se ha puesto más de manifiesto en las emisiones lanzadas a partir de noviembre del pasado año. La razón fundamental es que ha empeorado a lo largo del año la percepción de los riegos privados europeos. No hacen falta muchas evidencias para confirmar que esa percepción de riesgo está siendo peor en las empresas con elevada deuda y sus sedes en las economías consideradas periféricas. En las españolas ya es suficientemente explícita.

Una señal para la esperanza es la incorporada en los datos monetarios correspondientes a diciembre que indican un repunte en la financiación crediticia a las empresas no financieras, sin especificar tamaños. Frente a la caída de octubre, el crédito a las empresas en ese mes en el conjunto de las 16 economías de la eurozona creció un 0,2% (11.000 millones de euros) sobre el mes anterior. Con todo, las primeras impresiones de analistas del sector, y en especial de las principales asociaciones empresariales de la región, avalan la discriminación contra las compañías de menor tamaño, las de más baja calificación crediticia.

Una tendencia que se verá reforzada por la aplicación de las controvertidas propuestas regulatorias de Basilea III. Aunque su aplicación sea neutral teóricamente, la realidad es que los incentivos de las entidades bancarias a minimizar activos con riesgo penalizarán también a las empresas de menor dimensión.

La transición del empacho a la sequía que están sufriendo las empresas españolas está encontrando en la necesaria reestructuración de las cajas de ahorros una razón adicional para su prolongación. Más interinidad, incertidumbre añadida, en la mitad del sistema bancario, no hace sino frenar la ya dañada recuperación de la economía.

Por eso es favorable la disposición de las autoridades a acelerar la eliminación de las dudas sobre la solvencia de las entidades bancarias, en particular las cajas, acelerando el proceso de capitalización de las mismas, ya sea mediante la entrada de capital privado o público hasta alcanzar ese nivel de capital básico equivalente al 8% de los activos ponderados por riesgo. Debería también formar parte de las propias actuaciones excepcionales del supervisor bancario la atención a la necesaria normalización del crédito en aquellas entidades sin apenas problemas de liquidez y satisfactorio coeficiente de solvencia, que son una mayoría. La demora en esa oxigenación crediticia a las pequeñas empresas significará también aplazar el crecimiento de la inversión, la recuperación del empleo y acelerar la ya explícita destrucción, en este caso nada creativa, de empresas.