Privilegios políticos

Aunque la mayoría de los expertos achaque la responsabilidad última de la crisis a la desregulación pública de los mercados económicos, se da la paradoja de que la política democrática, lejos de ser reivindicada como el instrumento para superarla, se haya convertido en blanco de las críticas. No faltan, por supuesto, casos de corrupción y abusos de poder justificadores de la desconfianza hacia el ámbito público: tampoco los desmanes de la economía sirven para disculpar los fallos del Estado. Sin embargo, la experiencia histórica enseña que la democracia representativa no tiene más alternativa que el desastre.

Ese clima inquisitorial y derogatorio contra la clase política, recalentado por demagogos y populistas, ofrece otra paradoja: la masoquista ayuda ocasional prestada por el zaherido colectivo de los profesionales del poder, tal vez con el propósito de escapar del lazareto de los leprosos. No deja de resultar desproporcionada, por ejemplo, la resonancia alcanzada en estos últimos días tanto por las críticas de Rajoy a los complementos de las pensiones de los parlamentarios que no alcancen el nivel máximo de retribución en el momento de su jubilación como por la propuesta de Gaspar Llamazares para que la pensión vitalicia de los ex presidentes del Gobierno sea incompatible con la percepción de remuneraciones empresariales.

Las pensiones de los parlamentarios y de los ex presidentes del Gobierno se ven sometidas a crítica

Ambas iniciativas parecen perseguir los privilegios con ayuda de un infalible detector de abusos. Resulta altamente dudoso, sin embargo, que el complemento de pensión de los parlamentarios denunciado con verbo de Savonarola por Rajoy durante la convención sevillana del PP constituya una manifestación de corporativismo de las Cortes, supuestamente insensibles a los principios de igualdad y solidaridad. Solo 81 de los 3.609 parlamentarios elegidos en las urnas desde 1977 hasta ahora han recibido esa ayuda para acceder a la pensión máxima en el momento de su jubilación. Si se tiene además en cuenta que una parte de esos beneficiarios -como Santiago Carrillo- no pudieron cotizar durante gran parte de su vida a la Seguridad Social a causa del exilio, el chocolate del loro queda rebajado a cañamones para el canario.

En la presentación el pasado martes de una proposición de ley de IU -finalmente rechazada por el Congreso- para endurecer el régimen de incompatibilidades de los parlamentarios, Llamazares, tras hacer primero el elogio de la política como una digna actividad vocacional, se lanzó después de forma contradictoria a la defensa de la dedicación exclusiva a sus escaños de los parlamentarios, equiparados así con un cuerpo profesional. El argumento de la exclusividad le sirvió también al portavoz de IU para exigir que la cantidad vitalicia asignada a los ex presidentes del Gobierno (unos 80.000 euros anuales) les sea retirada cuando perciban ingresos de empresas privadas: otra forma savonarolesca de que la cultura de la sospecha desprestigie malignamente a la vida pública.