Jueces para la Democracia critica la complacencia hacia el PP

La cúpula judicial valenciana, en manos de conservadores

La falta de medios suficientes es un problema grave de la justicia en la Comunidad Valenciana, pero no el único. Jueces para la Democracia (JpD) criticó ayer que los principales órganos judiciales se han caracterizado en los últimos años por el "estancamiento" y "en muchos casos, por una actitud de complacencia institucional hacia el poder político autonómico", en manos del PP. Una situación que debería haber remediado con una "profunda renovación" el Consejo General del Poder Judicial elegido en 2008 y del que es vicepresidente el ex consejero de Justicia Fernando de Rosa, dice JpD.

Las negociaciones entre vocales conservadores y progresistas en el Consejo para cubrir cargos han generado no pocas críticas por lo que en la propia carrera se califica de intercambio de cromos. La pugna entre ambos sectores llevó a que Juan Luis de la Rúa presidiera el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en funciones durante más de un año y en medio de la polémica del caso Gürtel.

"Componenda política"

La política de nombramientos del Poder Judicial está marcada por el "continuismo", destacó JpD, lo que ha dejado en manos de conservadores no solo el TSJ, sino también la presidencia de Valencia y Castellón. Esa misma política ha dejado desierta por falta de acuerdo la presidencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ -también con presidente conservador-, en la que se dirimen los asuntos relacionados con el urbanismo, entre otros.

La asociación de magistrados progresistas resaltó que la falta de renovación también ha sido denunciada por candidatos independientes a los cargos que se quejan de que se relegan los criterios de mérito y capacidad en favor de "determinadas componendas políticas, especialmente vinculadas a los intereses de la Administración autonómica". Una situación que JdP relaciona con el hecho de que causas que afectan a "relevantes cargos públicos se dilatan en el tiempo", como el caso Fabra, entre otros motivos, porque la Generalitat no asigna los recursos suficientes a los juzgados y la respuesta desde las instituciones judiciales suele ser el silencio.

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