Las irregularidades de la Alhambra

El monumento más visitado de España, la Alhambra, carga desde hace cinco años con el peso de la sospecha. Más bien sus trabajadores, o parte de ellos, que junto a personal de agencias de viajes y algunos empleados del BBVA suman más de medio centenar de imputados. En concreto, hay 57 presuntos implicados en las supuestas irregularidades en la venta de entradas y control de acceso al recinto monumental entre 2002 y 2005. Pese a los cinco años transcurridos desde que se produjera la primera detención, el caso se encuentra aún en fase de instrucción.

En su última resolución, el juez instructor, Miguel Ángel del Arco, rechaza investigar las cuentas del Patronato de 2004 a 2008, tal y como le pedía uno de los principales imputados. Acceder a la petición dilataría más el proceso y no cree que sirva para cuantificar pérdidas. En este sentido, Del Arco precisa en el auto: "Si tras cinco años de instrucción no se han cuantificado las posibles pérdidas, que siempre se discutirán, ¿cómo se puede demostrar la concurrencia o no del perjuicio económico para el Patronato con tal solicitud?".

Hay 57 presuntos implicados por la venta de entradas entre 2002 y 2005

La investigación cuenta con más de 80.000 folios. Supera el medio centenar de CD y DVD. Y todavía quedan cuestiones pendientes. Los imputados, y en nombre de la mayoría CC OO, reclaman "celeridad", puesto que mantienen su inocencia y desean restañar su imagen. Lamentan que la instrucción se haya dilatado más que la del complejo caso Malaya, por el que se realizaron las primeras detenciones en 2006 y cuya instrucción acabó en 2009.

Al ir y venir de datos, se suma la demanda del juez desde hace más de un año y medio para que se digitalice el sumario. Le fue concedido, pero no se ha ejecutado, si bien la semana pasada se personaron varios trabajadores en el juzgado para llevarlo a cabo. Los peritajes son otra cuestión. A posibles pagos retrasados se apunta para que no estén todos ya incorporados en el expediente.

La mayoría negó su implicación. Posteriormente se han ido incorporando informes periciales. Entre los principales se encuentran uno policial, otro contable y uno informático. El primero, el de la Policía Científica, corroboró en 2007 que las entradas intervenidas en la principal agencia supuestamente implicada, Daraxtour, eran "auténticas".

Más extenso fue el informe pericial contable, que cifró en 2008 en casi ocho millones de euros el perjuicio económico ocasionado a la Alhambra, fundamentalmente por sus trabajadores. El perito situó en 50.912 los billetes sisados, que multiplicados por una media de 15,5 pases -un billete tiene de uno a 30- dan cerca de 800.000 entradas, cuyo dinero se supone que se dejó de ingresar.

La connivencia entre porteros y empresas estaría en el centro de estas irregularidades, siempre según este informe. Daban por consumidas entradas reservadas pero no confirmadas, los porteros hacían la vista gorda ante personas sin billete o se permitía el acceso a visitantes con entradas usadas, correspondientes a otros horarios o incluso otros días. A los taquilleros, que habrían impreso varios localizadores para un mismo pase, lo que multiplicaba el uso de estos, también se apunta en esta prueba. Los imputados recuerdan que no hay ningún taquillero supuestamente implicado.

El último informe es el del perito informático, que lo concluyó el pasado año, y ponía el acento en la falta de control en los accesos. No había medios para validar mecánicamente las entradas. Pero la investigación contiene, además de una mareante ristra de cifras y datos, también un lado humano. Entre los imputados, hay 40 que son o eran del Patronato de la Alhambra: oficiales de primera, de segunda, peones especializados y funcionarios. En este tiempo, dos han fallecido y otros dos se han jubilado. Las imputaciones enrarecieron el ambiente de trabajo y así tres empleados más pidieron ser trasladados, mientras que otros dos aún están pendientes de lograrlo.

Algunos consideran una "discriminación" que los imputados no puedan estar vigilando en la puerta de acceso a los Palacios Nazaríes, aunque sí lo hagan en otros puntos como la Alcazaba o el Generalife. Incluso los que no están relacionados padecen, en parte, el caso. "Hay gente que cuando no puede entrar, nos dice: ¡Con lo que habéis robado!", comenta una de las controladoras de acceso, que prefiere el anonimato. Otros dos trabajadores son ahora liberados sindicales.

Las bajas fueron continuas, sobre todo en los primeros años. Los delitos imputados son malversación de caudales públicos, falsedad de documento mercantil, coacciones, sustracción de cosa propia a su utilidad cultural y/o daños en el Patrimonio Histórico.