Horas decisivas

A falta de detalles, que se conocerán probablemente mañana viernes, la reforma del sistema de pensiones dio un paso decisivo el martes cuando el Congreso aprobó las recomendaciones del Pacto de Toledo. Hay tres claves políticas en la fase final de esta reforma. Por una parte, el Congreso faculta al Gobierno para que amplíe la edad de jubilación desde los 65 hasta los 67 años; por otra, el voto particular de Convergència i Unió establece que la transición a la nueva edad de retiro se hará de forma "paulatina y flexible", lo cual quiere decir que, en la práctica, pasará más de una década antes de que el grueso de los trabajadores esté sujeto a la regla de los 67 años y que, por supuesto, no afectará de igual modo a todas las trayectorias ni a todas las profesiones; y, por fin, la posibilidad de acuerdo social se mantiene, incluso más allá de la fecha límite del viernes, porque los sindicatos han entendido que es inviable un pulso en la calle contra el Gobierno y porque pueden incorporarse cambios en la tramitación parlamentaria.

El objetivo de la reforma no es discutible, porque el riesgo de colapso del sistema durante los primeros años de la década de los veinte es muy elevado. Las propuestas de aumentar los ingresos son muy respetables, pero no tienen en cuenta que las variaciones de crecimiento y de empleo en el curso de periodos prolongados de tiempo no permiten garantizar fondos estables para el sistema; ni que, a la postre, la única variable sobre la que no se puede actuar es sobre la cada vez más tardía incorporación de los trabajadores al mercado. No hay aumento de ingresos que soporte un acortamiento progresivo de la vida laboral. El crecimiento del empleo que se produzca después de la reforma servirá para acrecentar la solvencia del sistema y permitir que cada generación asuma en mayor medida su propio coste de pensiones en lugar de trasladarlo a la generación siguiente.

La propuesta final que presente el Gobierno deberá ser analizada a la luz de algunos detalles importantes. El término "paulatina y flexible" no puede significar que la transición se haga en 20 años; un periodo razonable no debería exceder los 15 años. Tampoco sería aceptable que las excepciones a la jubilación a los 67 años sean más numerosas que la propia norma. Está dentro de lo razonable que el número de años cotizados para tener derecho a la pensión completa pase de 35 a un mínimo de 38; que el periodo de cómputo para calcular la pensión pase de 15 años a 25; o que la edad de jubilación anticipada pase de 61 a 63 años. El aumento de la vida laboral y de los años de cálculo deben ser suficientes para afianzar la solvencia durante los próximos 40 años.

Si la reforma se aprueba finalmente con acuerdo, el Gobierno se habrá apuntado un éxito y no sería un paso atrás para los sindicatos. No todo está dicho, pero la aceptación de las razones que impulsan el cambio y el ánimo negociador permiten ser optimistas.