Chabolismo vertical listo para demoler

Antonio Mendoza, El Trompo, recuerda que hace 20 años pagaba por su casa 750 pesetas a un cura que recorría el edificio con un cazo todos los meses. Pero eso era hace mucho tiempo. El sacerdote desapareció y ni por la casa del Trompo ni por la de ningún otro vecino, en este bloque de Aranjuez, volvió a aparecer nunca nadie a exigir la renta. Desde entonces el vecindario se ha multiplicado, la basura lo inunda todo y los silbidos han sustituido a los timbres tras los constantes robos.

Ni el Ayuntamiento de Aranjuez ni el propio Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), propietario del edificio, saben a ciencia cierta cuánta gente habita el inmueble de la calle de Yeserías, conocido en el pueblo como el de Cáritas. Son 44 pisos, pero el número de personas que los habitan podría contarse por centenas. En uno de los pisos ocupados, en solo dos habitaciones, conviven cuatro matrimonios y nueve niños. Una familia de 17 personas. La concejal de Bienestar Social, Montserrat García, define la situación del edificio y su entorno sin dar rodeos: "Es el único foco de chabolismo vertical que hay en el municipio".

El Ayuntamiento quiere dispersar a los inquilinos para evitar otros guetos

Al lado de la rotonda situada frente al edificio, que luce negra de hollín por las fogatas nocturnas que se montan a diario, un grupo de hombres echa la mañana. Cuando El Trompo, de 63 años, sale del portal sin puerta, con aire de patriarca trajeado y sombrero, todos le miran. Lleva 43 años en el edificio y hace de anfitrión. Pasea por los rellanos sin luz y repletos de basura llamando a golpes a las puertas. Primero el piso de su hermano, luego el de uno de sus hijos, el de su nuera de la que así, a bote pronto, no se acuerda ni del nombre. Tras cada puerta siempre es lo mismo: "¿sabe algo de nuestras nuevas casas?". Todos repiten la misma pregunta.

El anuncio del Ivima, aunque sin fecha, de que procederá al desalojo del edificio para demolerlo por su deterioro y del posterior realojo de los vecinos en otros pisos les ha llenado de ilusión. Carmen Díaz, de 76 años, se asoma a la ventana pese a sus problemas de rodilla para responder al silbido de su vecino Marcos. Ella y su marido Julio, de 84, están deseando irse. Son de los 15 vecinos que tienen el piso en propiedad. Prefirieron adquirir la casa a alquilarla cuando Cáritas construyó las viviendas sociales en los años sesenta y ahora comparten la propiedad con el Ivima, a quien la Iglesia cedió el edificio en el año 2000.

Mientras Carmen y Julio escuchan la radio en el salón, acompañan sus quejas con palabras cariñosas hacia algunos de sus vecinos. "Yo no tengo problemas con los gitanos, si me he criado con ellos, pero es que tienen muchísimos hijos y todos viven con los padres", dice ella.

Bajo su boina, Julio da buena cuenta de las innumerables veces que tuvieron que cambiar las puertas de los portales o los telefonillos por los constantes robos. Y sobre todo, se queja del ruido. Muy a su pesar su calle se ha convertido en el constante centro de reunión de numerosos grupos de gente. Un hábito que molesta a unos y a otros.

"Si me ven a mí o a la autoridad salen corriendo", asegura Miguel Motos, otro de los patriarcas. Con su barba recién recortada y su chaqueta de domingo pasea a media mañana por la acera y mira fijamente a una furgoneta que da un par de vueltas haciendo trompos en la calzada. "Esto se ha llenado de gente de fuera, los mayores, los de antes, no somos así", dice contrariado.

Él, como el Trompo, no son propietarios, pero fueron de los primeros en llegar. El Ivima, que hasta el momento solo ha contactado con los 15 propietarios, todos payos, planea adjudicarles sus casas más adelante.

El impasse de las 29 familias, 17 de ellas gitanas, que están en régimen de alquiler, va acompañado de nerviosismo y de miles de deseos: "Quiero otro barrio más al centro. Necesito al menos tres habitaciones".

Algunos deseos, aunque no lo sepan, se cumplirán. Para el Ayuntamiento es prioritario que las familias se dispersen por distintos barrios para evitar crear otros guetos, pero el tema de las habitaciones no es tan fácil con familias de 17 miembros. Para el Ivima, ese tema lo tendrá que solucionar el Consistorio, que mediante el acuerdo que firmaron en 2006 se comprometió a hacerse cargo de la parte social.

La concejal asegura que ya han arreglado la situación con varios okupas. Pero Carmen, desde el salón de su casa, la desautoriza en voz muy baja. Marcos, el chico que minutos antes le dio el silbido desde la calle, "aunque es muy majo", dio una patada a la puerta al morir un vecino y se instaló en su casa. Él, su mujer y sus seis hijos. Necesita al menos otras tres habitaciones.