El fiscal general recibe una denuncia por el robo de 261 bebés en toda España

El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tiene desde hoy sobre su mesa una denuncia por el robo de 261 niños cometido en distintas oleadas durante el franquismo y hasta finales de los años ochenta. La Asociación Nacional de Afectados de Adopciones Irregulares (Anadir) ha decidido acudir al fiscal con la esperanza de que abra una causa que les permita encontrar a las madres, hijos y hermanos que buscan.

"Hay muchos más, que irán adhiriéndose a la denuncia", augura el abogado Enrique Vila. "La mayoría [84 casos] ocurrieron en Madrid, pero también hay muchos en Andalucía y Cataluña. Ocurrió en todas las comunidades autónomas. Con el mismo sistema: engaño a la madre asegurándole que su bebé ha muerto, búsqueda de compradores, pago, e inscripción como hijo propio".

En la denuncia, la asociación de afectados argumenta que existen indicios de los delitos de tráfico de niños, falsificación de documento público, suposición de parto (simular haber dado a luz a un niño vivo) y secuestro y detención ilegal, que no prescriben.

El escrito incluye un listado de las pruebas que podrían presentar al fiscal, como partidas de nacimiento y defunción falsificadas, y los testimonios de una enfermera que trabajó en la Clínica San Ramón (Madrid) y asegura que la venta de niños era habitual allí; un funerario de Málaga que relata cómo rellenaba los pequeños ataúdes que le llegaban vacíos de algunas maternidades; una mujer que confiesa haber comprado una niña en un parque de Melilla en 1979 y otra que cuenta cómo le dijeron que fingiera un embarazo antes de regalarle un bebé.

"Los precios iban de las 50.000 pesetas en los años cincuenta hasta un máximo de un millón", añade Vila. "Es cierto que el origen, cuando le quitaban los hijos a las republicanas, es una depuración política, pero eso es solo el origen, unos 30.000 casos, según el juez Garzón. Nosotros pensamos que puede haber cientos de miles porque esto siguió muchos años después como negocio".

La mayoría de los casos denunciados hoy se produjeron a finales de los setenta. Hasta 1987, cuando se cambió la ley, la Administración apenas tenía control sobre las adopciones, lo que favorecía el poder de los médicos para amañar la venta de bebés, explica Vila. Antonio Barroso, presidente de Anadir, afirma que el objetivo de la denuncia es conocer la verdad. Por eso piden a Pumpido que "como poder judicial se dirija al Ejecutivo y le pida un banco de ADN para los afectados". "Los hijos robados buscan su origen, y las madres, a sus hijos y un castigo a los culpables. Debería haberse investigado mucho antes. Si Pumpido dice que esto ha prescrito, iremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos", señala el abogado Enrique Vila.