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La multinacional Praxair confiesa que defraudó al fisco español 146 millones

Dos directivos intermedios asumen toda la culpa mientras la empresa paga 264 millones a Hacienda y logra que se exonere a miembros de su cúpula en EE UU

Las filiales españolas de la multinacional estadounidense Praxair defraudaron sistemáticamente al fisco español durante años, según han confesado directivos de la empresa tras ser descubiertos. Los ejecutivos, autores de 13 delitos fiscales por un total de 146 millones de euros y de un delito continuado de falsedad, no tendrán que ir a la cárcel tras un pacto con el fiscal y el abogado del Estado por el que la compañía estadounidense ha acordado pagar a Hacienda 264 millones. Esa cifra hace del caso uno de los mayores de la lucha contra el fraude en España. Supera ligeramente a la cifra regularizada por más de 300 contribuyentes en el último escándalo de las cuentas opacas en Suiza.

Las penas teóricas suman 4 años y 10 meses de prisión para cada ejecutivo

Los condenados evitarán la cárcel pagando multas de 62.640 euros

Con ese pago multimillonario y la asunción de culpa por parte de dos ejecutivos intermedios españoles, la empresa, además, ha conseguido que la Audiencia Nacional deje de investigar a miembros de la cúpula de la multinacional, incluido el vicepresidente ejecutivo y director financiero del grupo, James Sawyer, según consta en una sentencia notificada este viernes.

Los dos cargos intermedios asumen toda la culpa pese a que el fraude se cometió con complejas operaciones de ingeniería financiera por importe de cientos de millones de euros que implicaron a múltiples sociedades de al menos media docena de países. Eso sí, la sentencia les deja sustituir las penas de prisión (que sumarían 4 años y 10 meses de cárcel para cada uno) por sendos conjuntos de multas que suman 62.640 euros.

Praxair es un gigante estadounidense con sede en Danbury (Connecticut) con más de 26.000 empleados y un valor en Bolsa de 28.000 millones de dólares (unos 20.500 millones de euros). Se dedica a la venta industrial de gases como oxígeno, nitrógeno, helio o argón. Presente en 40 países, está considerada una de las empresas más rentables del mundo en relación con sus recursos propios.

En España, durante años, una parte de esa rentabilidad provino de defraudar a Hacienda de forma sistemática con un variado tipo de operaciones, según los hechos confesados por un responsable financiero, Juan Estruch Onrubia, y por el director del departamento fiscal, Luis García Cortázar, condenados por la Audiencia.

Entre 2001 y 2003, los delitos se cometieron a través de las sociedades Praxair España, Praxair Ibérica y Oximesa, entre otras. Según explica la sentencia, para defraudar a Hacienda las sociedades con más beneficios transmitían participaciones a otras que en las mismas fechas reducían capital mediante amortización de las acciones propias. Al amparo de esas operaciones, las sociedades realizaban sus declaraciones del Impuesto de Sociedades acogiéndose a la normativa para evitar la doble imposición con una doble irregularidad: por un lado, que no se había producido siquiera la primera tributación de los beneficios; por otro, aplicaban por partida doble la deducción. Por esa vía, las sociedades defraudaron entre 2001 y 2003 una cuota cifrada en 62 millones y hasta se apuntaron falsos créditos fiscales por otros 34 millones.

A partir de 2004, el grupo pasó a tributar consolidadamente a través de Praxair Euroholding, pero siguió delinquiendo. Según la sentencia, la cuota defraudada en 2004 y 2005 fue de 84 millones. Praxair continuó esos años "con la estrategia de ocultación de beneficios y creación artificiosa de gastos y pérdidas para no tributar de acuerdo con sus beneficios reales", según la Audiencia.

Por ejemplo, en 2004 Praxair Euroholding compró unas acciones de una sociedad del grupo Praxair por 142 millones y a la semana siguiente se las vendió a Praxair Canadá por 92 millones, generando una pérdida contable de 50 millones. Para deducirse ilícitamente fondos de comercio y supuestos intereses, el grupo Praxair realizó operaciones en que se vieron involucradas las filiales en Luxemburgo, en Suiza e incluso la propia matriz en EE UU, a la que la filial española le compró una sociedad suiza por 636,9 millones "exclusivamente con la finalidad de generar en la entidad española ventajas fiscales ilícitas mediante la amortización fiscal del fondo de comercio y de los gastos financieros aparentemente ligados a esta operación".

La implicación de sociedades de Luxemburgo, Canadá, Suiza, Italia y hasta de la matriz de Estados Unidos llevó a la Audiencia Nacional a investigar a los directivos de la cúpula de la empresa, puesto que no estaba en manos del director fiscal o de un financiero de la filial española decidir tales operaciones multimillonarias. Sin embargo, finalmente, solo los dos mandos intermedios antes citados han resultado condenados. La Audiencia archiva las investigaciones contra otros 10 directivos, incluidos el director general de Praxair España, Miguel Martínez Astola, o el director financiero, José Francisco Caballero, que estaban inicialmente imputados.

Asimismo, se archivan las actuaciones contra la matriz en EE UU, contra los dos presidentes de Praxair Europa que tuvo el grupo durante ese periodo (Alan Westendorf, retirado, y Randy Kramer, actual vicepresidente de ventas del grupo) y contra James Sawyer, vicepresidente ejecutivo y director financiero de Praxair, considerado el número tres del grupo a nivel mundial.

Tras dirigirse las actuaciones contra esos altos directivos de la empresa en España y contra los miembros de la cúpula en EE UU (adonde se habían expedido comisiones rogatorias), la empresa accedió a dar carpetazo al caso con la asunción de toda la culpa por parte de esos dos directivos intermedios y, sobre todo, con el pago de 264 millones a Hacienda.

Esos fondos, que llegan en momentos de grandes necesidades financieras por parte del Estado español, se ingresaron en el Tesoro el pasado 17 de diciembre. Su desglose es de 146 millones por las cuotas defraudadas, 29,5 millones por intereses, un millón en costas y 88 millones en multas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 23 de enero de 2011