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Tribuna:

Defensa de la salud y del civismo

La modificación de la Ley de Medidas Sanitarias Frente al Tabaquismo (Ley 42/2010) trata de salud pública y de civismo, no de puritanismo, intolerancia y, mucho menos, de dictadura por mucho que se empeñen algunos. La libertad en nuestra sociedad debe tener en cuenta al otro para no convertirse en tiranía (recuérdese al Calígula de Camus).

El tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible en nuestro país y si desglosamos el tabaquismo activo y pasivo, este último -el de aquellos que se ven obligados a fumar en espacios públicos cerrados- constituye ya la tercera causa de muerte en España, después del alcohol y por encima de los accidentes de tráfico.

Estamos hablando, ni más ni menos, que de 55.000 muertes al año como consecuencia del tabaco. De ellos, 2.500 son fumadores pasivos y, dentro de este grupo, en torno a 1.000 son trabajadores de la hostelería que, como en el caso de las discotecas o los pubs, se veían obligados a fumar el equivalente a una cajetilla de tabaco a lo largo de su jornada laboral.

La ley de protección de los no fumadores es un éxito para la convivencia y la sanidad pública

Se trata de más de una década de expectativa de vida perdida y de años de enfermedades crónicas que en España afecta al 30% de la población. Una verdadera epidemia sanitaria y, para algunos, un mal negocio que cuesta en gasto sanitario el doble de los ingresos públicos por impuestos.

La relación entre tabaco y enfermedad data ya del siglo XVIII. En el siglo XX, con su comercialización generalizada, se convirtió en una pandemia. Esto es una realidad incontrovertible que la investigación biomédica, clínica y epidemiológica no ha hecho más que confirmar. Sabemos con certeza científica que el 90% de los cánceres de pulmón son consecuencia del tabaco y que más de 40 de los productos que contiene son cancerígenos. Sabemos, además, que la combinación de estos hace del cáncer de pulmón uno de los de peor pronóstico.

Es por eso que la OMS reiteró dentro del Convenio Marco para el Control del Tabaco de 2003 la naturaleza adictiva y la amenaza mortal del consumo de tabaco y de la exposición al mismo, por lo que se deben contemplar medidas legislativas, ejecutivas u otras para: 1) proteger a todas las personas del humo del tabaco, 2) adoptar medidas para prevenir exposición al inicio, promover y apoyar el abandono y lograr una reducción del consumo de tabaco en cualquiera de sus formas, 3) tener en cuenta los riesgos relacionados específicamente con el género (la mujer es el blanco de las compañías tabaqueras).

Por todo ello, la Unión Europea ha promovido para 2012 la generalización de los espacios sin humo en los Estados miembros.

Estas y no otras teorías políticas conspirativas han sido las razones que desde 2008 hemos esgrimido para la modificación de la ley, que si bien supuso un paso definitivo en los lugares de trabajo, se quedó a medio camino en los espacios de ocio y hostelería. En ellos, una malentendida autorregulación llevó a que el 90% de la hostelería fueran espacios cerrados con humo, dejando solo un 10% de establecimientos para el 70% de no fumadores y sin respetar los derechos a la salud de los empleados y autónomos de la hostelería.

No se trata pues de una prohibición del tabaco porque no sería respetuoso de la libertad individual. Además, no es la voluntad del legislador ya que tendría efectos contraproducentes, como ocurrió con la ley seca en Estados Unidos.

Se trata de regular -como ocurre en otras facetas de la vida como puede ser el tráfico- dónde se puede y no se puede fumar para defender a los fumadores pasivos, así como los espacios simbólicos como centros sanitarios, escuelas o parques infantiles para prevenir el inicio y promover el abandono del hábito al tabaquismo. No en vano entre los criterios de calidad internacional de los hospitales figura el ser un espacio libre de humos "en el recinto" del centro sanitario, tal y como se contempla con claridad en la ley aprobada.

El impacto real de la norma con su primera redacción fue real, pero limitado. Datos recientes muestran que el 80% de los centros de trabajo son ya espacios sin humo y se ha producido una disminución significativa de la prevalencia del tabaquismo y del número de cigarros consumidos por los trabajadores, con el consiguiente descenso en el número de infartos súbitos de miocardio y procesos respiratorios. Se marcó así el camino de los efectos futuros de la ley actual en la población general y, en particular, en niños y jóvenes.

Estas y no otras son las razones para que la ley haya sido aplicada con normalidad por la mayoría de los hosteleros y apoyada con naturalidad por el 80% de los ciudadanos.

A pesar del alarmismo, de la instrumentalización económica o política y de la dificultad de superar hábitos y costumbres arraigadas vinculadas al tabaco, la ley de protección de los no fumadores es ya un éxito de la convivencia y la salud pública de los españoles.

Gaspar Llamazares Trigo es presidente de la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo del Congreso y portavoz parlamentario de IU.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 22 de enero de 2011