Ripoll adelanta 247 millones para evitar la asfixia económica de los Ayuntamientos

La Diputación de Alicante ha salido al rescate de la frágil economía de las haciendas locales. El titular de la Corporación provincial, José Joaquín Ripoll, del PP, firmó ayer con los representantes de cinco instituciones financieras una operación de crédito por valor de 247 millones de euros destinada a la concesión de anticipos a los municipios de la provincia.

Las entidades bancarias con las que Ripoll suscribió la póliza, han sido La Caixa, BBVA, Banesto, Santander y Caja Mediterráneo (CAM). Mediante esta operación el organismo de gestión tributaria SUMA, dependiente de la Diputación de Alicante, concederá anticipos a los Ayuntamientos a cuenta de la recaudación voluntaria de los tributos que pongan al cobro en el ejercicio de 2011.

La cuantía de la operación, avalada por el pleno de la Corporación provincial, incrementa en 12 millones la cifra respecto a la suscrita en 2010, lo que supone un aumento porcentual del 5,1% debido, fundamentalmente, al crecimiento vegetativo de los padrones del IBI y del Impuesto de Vehículos. El tipo de interés de la operación de tesorería aprobada es el equivalente al euríbor a tres meses, más un diferencial que varía entre el 1,5% y el 1,72%.

Ripoll destacó la importancia de ese modelo de gestión de anticipos y aseguró que se trata de un instrumento que facilita a los municipios la liquidez necesaria para llevar a cabo una adecuada planificación económica de su actividad y garantizar la eficaz prestación de servicios a los ciudadanos. "Incluso en coyunturas tan complejas como las originadas por la actual crisis económica", puntualizó. "En este convenio tenemos el respaldo de entidades financieras en una época bastante más complicada que la de hace unos años", añadió.

Esta medida viene a completar otro acuerdo, también encaminado a ahorrar costes a los a los pequeños Ayuntamientos, del último pleno de la Diputación, que aprobó por unanimidad la creación de un servicio central de compras para optimizar los recursos. El proyecto permitirá a las Corporaciones locales ahorros de entre un 15% y un 20%, al centralizar la gestión de la adquisición de determinados bienes y servicios.