La reforma electoral deja sin voto a 360.000 emigrantes

Las elecciones municipales del 22 de mayo serán las primeras en las que se aplique el veto al voto emigrante derivado de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que ratificará el Senado el próximo miércoles, 19 de enero. Más de 360.000 gallegos inscritos en el Censo Español de Residentes Ausentes (CERA) se quedarán por primera vez sin poder ejercer su derecho a voto en el ámbito local.

La proposición de ley que hará efectiva esta modificación legal llega al Senado tras dos años de trabajo de una subcomisión creada por el Congreso, presidida por el socialista Alfonso Guerra. Se culmina así la primera actualización global de una norma que data de 1985. Además de impedir el voto en unas municipales a los residentes ausentes que no estén censados en un municipio español, otra de las novedades de la reforma se refiere a la posibilidad de sufragio en urna en consulados y embajadas para los emigrantes.

También desactiva el papel clave de los tránsfugas en las mociones de censura locales, mejora el sistema de concejo abierto que rige para los pequeños municipios y adelanta el censo válido para unas elecciones, evitando empadronamientos de conveniencia. Con todo, el elevado censo gallego de residentes ausentes ha hecho crecer la expectación entre partidos y agentes sociales de la comunidad sobre los efectos el 22-M.

Por provincias

Según datos de noviembre de 2010, hay un total de 365.172 gallegos en el CERA, la mayoría procedentes de A Coruña (127.580) y Pontevedra (105.798). Las provincias de Lugo y Ourense cuentan con 49.991 y 81.803, respectivamente. Además, los residentes ausentes suponen más de una cuarta parte de los censos electorales de la mitad de los 315 ayuntamientos gallegos y, en el caso de municipios ourensanos como Avión o Bande, los electores en el extranjero superan a los vecinos con derecho a voto que residen en estas localidades.

Los tres partidos con representación en el Parlamento gallego -PP, PSdeG y BNG- coinciden en lo positivo de que la reforma acabe con "la incoherencia" de que ciudadanos que no residen en los ayuntamientos de Galicia, y que ni siquiera los conocen en muchos casos, puedan decidir sobre los futuros gobernantes, aunque los nacionalistas sostienen que resulta "insuficiente".