El PP exige una sanción a Chaves por el 'caso Matsa'
Dirigentes del PP exigieron ayer que el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, "asuma responsabilidades" por sus "mentiras reiteradas" cuando era presidente de la Junta andaluza en el llamado caso Matsa -subvención de 10 millones de euros a una multinacional en la que trabaja su hija como letrada-. Las declaraciones se producen después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya ordenado a la Junta abrirle un expediente por no inhibirse en la concesión de la ayuda.
El fallo es la respuesta a un recurso del PP contra la decisión del Gobierno autónomo de no incoar el citado expediente, que había solicitado el mismo partido. La sentencia considera tal resolución "arbitraria e injustificada".
La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, dijo que el actual presidente andaluz, José Antonio Griñán, "tiene la obligación de expedientar y sancionar" a su antecesor, a la vez que le acusó de "dar carpetazo al asunto", informa Efe. Tras instar a Griñán a actuar con el ex presidente "como un ciudadano más", señaló que el comportamiento del socialista "no es de recibo". También se pronunció la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, en una entrevista a la cadena Cope. La portavoz dijo que Chaves "ha mentido reiteradamente" cuando su grupo le preguntó. "Con esta sentencia han quedado en entredicho tanto Chaves como Griñán", afirmó, y anticipó que su partido reclamará en el próximo pleno "explicaciones y responsabilidades por su conducta".
Rechazo del Supremo
La vía contenciosa-administrativa es la segunda línea emprendida por el PP contra Chaves en este asunto, después de que el Tribunal Supremo desechara la senda penal al archivar las querellas de los populares y Manos Limpias por prevaricación y tráfico de influencias. El alto tribunal calificó de "conjeturas" lo argumentado por el PP.
El vicepresidente ha afirmado varias veces que el Consejo de Gobierno presidido por él no aprobó la subvención, que se limitó a "ratificarla por imperativo legal y en razón de la cuantía del incentivo". En cuanto a su hija Paula, ha dicho que no intervino en el expediente: "No existía en ese momento causa, motivo o justificación de la inhibición".
La Junta cerró el caso tras conocer un informe interno que no detectó infracción de la Ley de Incompatibilidades.
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