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El ingeniero del 'caso Polop' se lucró, mantiene el fiscal

La investigación cree que ganó un millón con fraudes

El ingeniero de Polop José Vicente Martí Albiñana salió ayer del juzgado de instrucción número 3 de La Vila Joiosa imputado por negociaciones prohibidas a funcionarios. Martí compareció en la sede judicial que persigue las supuestas implicaciones delictivas derivadas de la investigación del caso Polop, que trata de averiguar por un lado los posibles delitos derivados del desarrollo urbanístico del municipio que trataba de desarrollar siete millones de metros cuadrados en 11 PAI y, por otro, el asesinato del alcalde de la localidad, Alejandro Ponsoda, acaecido en octubre de 2007. La fiscalía mantiene que el acusado se lucró mediante una trama de empresas.

Martí se negó a contestar a las preguntas de la acusación particular. El ingeniero trasladó toda la actividad surgida de su condición de ingeniero municipal, contratado por el Consistorio a través de un convenio con la Universidad Politécnica de Valencia en 1999, a la que llevaron a cabo las empresas que él mismo creó para desarrollar técnicamente todos los PAI de la localidad. Es decir, negó ser funcionario, aunque la legislación otorga esa condición a cualquiera que participe en las funciones públicas.

En una firma figura la esposa del técnico, la juez que vetó bodas gay

La Guardia Civil implicó a Martí en la trama porque descubrió numerosas irregularidades urbanísticas pocos meses después del crimen de Ponsoda. En un informe que maneja el juzgado, fechado a finales de 2008, la policía describe el modus operandi de Martí. Según esa documentación, entre 1999 y 2006, este técnico diseñó una estructura empresarial para dar apariencia de legalidad a sus actividades, "interponiendo para ello diversas personas físicas y jurídicas para no llamar la atención". La tesis policial, procedente de los datos cruzados con la Agencia Tributaria, abunda en que de esta manera pudo evacuar un beneficio, supuestamente ilícito, de más de un millón de euros manejando tres mercantiles.

El proceder de Martí era derivar los ingresos obtenidos por Urbanismo e Ingeniería de la Marina, SL (la que redactaba los informes de todos los urbanizadores de la localidad) a otras dos sociedades: EIA Ingeniería, SL, a través de la cual estaba contratado en el Ayuntamiento, y Marina Social, SL. Esta última fue usada por el ingeniero de Polop y su mujer, Laura Alabau, con la que compartía la mercantil al 50%, para acaparar los beneficios y comprar dos apartamentos en Dénia por un importe de 500.000 euros.

Alabau fue la juez de Dénia que en 2005 se negó repetidamente a casar parejas gay.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 15 de enero de 2011