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Pugna entre PP y Álava por los datos fiscales de 'caso Zambrana'

Diputación critica la postura "torticera" de Javier De Andrés

El País

La Diputación de Álava y el líder del PP en este territorio, Javier de Andrés, se cruzaron ayer duras acusaciones en el marco de la polémica abierta sobre el caso Zambrana, que ha empezado a ser investigado en las Juntas Generales con el propósito de determinar posibles responsabilidades políticas.

El diputado alavés de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, José Luis Cimiano, recordó ayer que la ley "impide facilitar información fiscal de los contribuyentes alaveses a las Juntas Generales, dado que el marco normativo vigente sólo permite dar información de personas físicas que hayan ostentado cargos públicos". Así respondía a la denuncia de De Andrés quien aseguró horas antes que la Diputación se había negado a facilitar información fiscal a la comisión encargada de investigar el caso Zambrana, ante una supuesta trama de corrupción.

"El portavoz del PP, Javier de Andrés, pretende que la Diputación de Álava vulnere la legalidad vigente al solicitar una información en contra de lo establecido en las normas tributarias", subrayó el diputado. Para Cimiano, "es preocupante que un aspirante a diputado general de Álava desconozca la legalidad en materia tributaria y acuse de falta de transparencia a quienes respetamos la ley y confidencialidad de los datos fiscales".

"Manipuladora"

El responsable de la Hacienda foral ha criticado la "actitud manipuladora y torticera" del Partido Popular que, "una vez más vuelve a solicitar información aún sabiendo que la Diputación no puede facilitarla". Añade que "la insistencia del PP en reclamar una información protegida por la ley sólo se puede entender desde la falta de conocimiento o desde la mala fe", ha añadido.

El secretario general de los populares alaveses, Javier De Andrés, había emplazado en una rueda de prensa al diputado general, Xabier Agirre, a que "diga públicamente si, desde el conocimiento que él tiene del sumario del caso De Miguel, advierte que decisiones que hubieran tomado miembros de su Gobierno foral no estuvieran influidas por un interés y un beneficio particular o de su partido, y no por el interés general que es lo que tienen que perseguir todas las decisiones que se toman en un Ejecutivo".

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