Cultura impide una urbanización a 500 metros de la Torre de Hércules
El Ayuntamiento pretendía levantar seis bloques de ocho plantas frente al faro
La urbanización del Agra de San Amaro, el último proyecto del cerco de edificios a la Torre de Hércules iniciado en los años sesenta y acelerado en los noventa, no se llevará a cabo. La concejala de Urbanismo de A Coruña, Obdulia Taboadela, hizo público ayer que la Consellería de Cultura había informado al Ayuntamiento que los terrenos próximos al faro de origen romano serán declarados como espacio libre privado, en los que solo podrá haber parques, jardines o áreas de recreo. "Es la Xunta la que nos obliga al cambio", afirmó Taboadela.
Fuentes de la consellería señalaron, sin embargo, que lo único que la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural había hecho era comunicar al Gobierno local coruñés el dictamen de la Unesco sobre las limitaciones en las zonas de "núcleo y amortiguamiento" de los monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, el informe de la Consellería de Cultura se emite porque es preceptivo para la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Municipal y tiene carácter vinculante.
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El Agra de San Amaro, a unos 500 metros de la Torre, figuraba en el Plan General de 1998 como suelo urbano no consolidado, con una superficie de 24.000 metros cuadrados. El estudio de detalle aprobado definitivamente en 2001, con los votos en contra del BNG, y que fue informado favorablemente por Costas y por Patrimonio, lo calificaba como residencial privado. Permitía, al lado del paseo marítimo, la construcción de unos seis bloques de viviendas, con alturas de hasta ocho plantas. El proceso de revisión del nuevo Plan General, aprobado inicialmente en diciembre de 2009 (después de la designación de la Torre de Hércules como Patrimonio de la Humanidad) incluía sin modificaciones ese estudio de detalle.
El debate del nuevo Plan General, a principios de 2010, reabrió la polémica sobre el Agra de San Amaro. Las dos federaciones vecinales de A Coruña se mostraron en contra de la edificación y también el Instituto de Estudios Torre de Hércules. El director general de Patrimonio, José Manuel Rey Pichel, advertía aquellos días que "el ámbito de la urbanización está dentro del marcado por la Unesco para sus sugerencias de cuidado y respeto", y apuntaba que la organización internacional recomendaba incluso el traslado de las instalaciones deportivas cercanas y la creación de una pantalla de árboles para tapar las urbanizaciones ya existentes.
El asunto provocó divisiones entre los socios del Gobierno local. "Las viviendas que se levantarán en la parcela del Agra de San Amaro irán a la altura de la rasante actual, y en ningún momento afectarán a la visibilidad del faro", declaraba hace un año la responsable de Urbanismo, ante las críticas del concejal de Rehabilitación, el nacionalista Mario López Rico, por los posibles efectos negativos del proyecto sobre el entorno de la Torre. Taboadela consideraba además que el Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos, una organización internacional no gubernamental que ejerce como asesor técnico de la Unesco) no pondría reparos a una actuación urbanística prevista antes de la declaración de Patrimonio de la Humanidad.
Ayer tanto el PP como el BNG calificaron de buena noticia la paralización del proyecto. El portavoz municipal del PP, Carlos Negreira, consideró que "ha tenido que venir la Xunta a proteger el patrimonio de todos los coruñeses", y pidió al alcalde, Javier Losada, que "aclare las consecuencias que tendrá anular la construcción de este polígono para todos los coruñeses". El grupo municipal del BNG recordó que se había opuesto al polígono de viviendas en estos terrenos y que la prohibición de edificar en San Amaro es una "condición inexcusable" para mantener su aprobación al PGOM.
Sobre las consecuencias de la paralización para los propietarios de los terrenos, Obdulia Taboadela señaló ayer que el Ayuntamiento no se plantea compensarlos económicamente y que la Xunta es la Administración competente. En alguna de las alegaciones presentadas hace un año contra la inclusión de la urbanización en el PGOM, se negaba que los propietarios tuviesen derecho a indemnización alguna, ya que la jurisprudencia establece que solo se adquiere el derecho a los aprovechamientos urbanísticos cuando un plan ha llegado a la fase final de realización.
La muralla de Patrimonio
El viejo plan de edificar en las proximidades de la Torre, tumbado por el informe desfavorable de la Consellería de Cultura, no es el único proyecto municipal que se estrella contra los criterios de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, a cuyo frente está el arquitecto coruñés José Manuel Rey Pichel, antiguo concejal centrista en María Pita. La Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento acordaron en 2003 la construcción de un aparcamiento subterráneo en la zona de O Parrote, que tendría 548 plazas y afectaría a una zona de 5.000 metros cuadrados de terrenos portuarios al borde del mar. La licencia de obra se concedió en 2005, pero la construcción fue paralizada en 2008 por la aparición de los restos de la antigua muralla de la ciudad, del siglo XVIII. No fue precisamente un hallazgo arqueológico por sorpresa, porque ya se sabía que el trazado discurría por la zona.
En los dos años y medio que han transcurrido desde la paralización, tanto el Puerto como el Ayuntamiento han intentado modificaciones del proyecto para cumplir los criterios de Patrimonio de conservación de los restos de la muralla y poder tapar el inmenso agujero abierto junto a las galerías de La Marina. En junio de 2009, la empresa adjudicataria, Copasa, presentó una propuesta que reducía un 30% las plazas. En septiembre de 2010, el Puerto cambió la calificación de los terrenos para poder incluir establecimientos comerciales y locales de hostelería y compensar a la adjudicataria de la pérdida de plazas. La propuesta implicaba el enterramiento de los restos de la muralla "para su protección". Hace quince días, el informe definitivo de Patrimonio Cultural señalaba que "la propuesta del Puerto presentada por el Ayuntamiento esconde y tapa el bien a proteger", concluía el dictamen. O sea, que no.
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