EE UU pide a Twitter datos de las cuentas de colaboradores de Wikileaks
El Departamento de Justicia pone en la mira a Assange y otras cuatro personas
En un nuevo asalto de la justicia estadounidense contra la web de filtraciones Wikileaks, su fundador, Julian Assange, y su entorno, el Departamento de Justicia ha enviado una citación a la red social Twitter para que le facilite los datos personales de usuarios que tienen vinculación con la organización. Wikileaks ha informado a través de un comunicado que sospecha que esta no es la única compañía a la que el Gobierno estadounidense ha reclamado información.
La orden, cursada a través de un juzgado del Estado de Virginia y cuyo contenido ha sido publicado por Salon.com, reclama a la empresa radicada en San Francisco que entregue los nombres de usuario, direcciones de correo, detalles de conexiones realizadas, números de teléfono, tiempos de conexión y pagos a través de Internet desde noviembre de 2009 hasta la actualidad.
La solicitud incluye datos personales de la política islandesa Birgitta Jónsdóttir
Desde esa fecha, Wikileaks ha liberado más de 700.000 documentos públicos con sello estadounidense. Entre ellos, el vídeo de la muerte en un suburbio de Bagdad de 12 personas, dos de ellas empleados de la agencia Reuters, por fuego de helicópteros Apaches norteamericanos. La filtración de esta cinta motivó el arresto del agente de inteligencia Bradley Manning, quien, según el soplo que le llevó a entrar en prisión, contactó con Wikileaks por primera vez precisamente en noviembre de 2009.
De acuerdo con la orden judicial emitida el 14 de diciembre, la información requerida a Twitter es "pertinente" y el material es importante "para una investigación criminal en curso", esto es, la causa de espionaje contra Assange que Washington intenta desarrollar desde el arresto de Manning.
Entre las personas cuyas cuentas están en el punto de mira de EE UU se encuentran el propio Assange y una diputada islandesa, Birgitta Jónsdóttir, quien, con incredulidad, informó ayer al ministro de Justicia de su país sobre el contenido del requerimiento judicial recibido. Jónsdóttir, miembro del Parlamento islandés por el grupo El Movimiento, nacido al calor del estallido de la crisis en Islandia en 2008, simpatiza con el portal de Assange y le ha prestado su colaboración.
Prueba de la sintonía con el proyecto -al menos con el primer equipo que puso en marcha la web-, la parlamentaria logró que la Cámara de su país aprobara la Iniciativa Islandesa de Medios Modernos (IMMI), un proyecto de ley que pretende, al hilo de la filosofía de Wikileaks, blindar la ley de prensa más fuerte del mundo. Tras lograr el respaldo de los diputados, la IMMI se encuentra en el Parlamento para su adaptación a la legislación nacional.
La solicitud de información a Twitter contiene en el escrito dos exigencias: la primera, que debía facilitar los datos en tres días; y la segunda, que no debía hacer público el contenido de la orden. Pese a ello, la red social ha informado a los afectados de que tienen 10 días para frenar la investigación por la vía legal. Si no lo hacen, según se desprende del correo publicado en su blog por uno de los citados, el hacker holandés Rop Gonggrijp, Twitter procederá a satisfacer la solicitud de la justicia estadounidense. La red aconseja incluso en el escrito que echen mano de asesoría jurídica y, en este sentido, les recomienda las organizaciones Electronic Frontier Foundation y ACLU.
El Departamento de Justicia también ha pedido amplia información confidencial del perfil en Twitter del soldado Manning y del programador estadounidense Jacob Appelbaum, quien, como Gonggrijp, trabajó para la organización dirigida por Assange. El fundador de Wikileaks se referió ayer a las intenciones de EE UU de recabar datos personales y secretos de Twitter: "Si el Gobierno iraní tratase de obtener esta información de los periodistas o activistas extranjeros, grupos de derechos humanos de todo el mundo se habrían manifestado", señaló Assange en un comunicado.
La red social de mensajes cortos (tweets de 140 caracteres) se ha limitado hasta el momento a señalar que "para proteger los derechos de los usuarios" forma parte de su política "notificar sobre el cumplimiento de la ley y de las solicitudes gubernamentales a menos que se les impida por ley hacerlo".
La compañía de San Francisco señala en su apartado dedicado a la privacidad de los contenidos que podría revelar la información de una cuenta si "es razonablemente necesario para cumplir la ley, un reglamento o requerimiento legal; para proteger a una persona; para combatir el fraude, por motivos técnicos o de seguridad; o proteger los derechos o propiedades" de la red social.
