La Xunta acusa a 125 ayuntamientos de no hacer nada para regular el urbanismo

La Xunta presentará tras las municipales una "propuesta de mínimos" para elaborar la enésima ley del suelo, y pide altura de miras a la oposicición ante esa "oportunidad" para Galicia. El conselleiro Hernández explicó que su intención es dar luz verde a una norma "más sencilla, más clara, pero no menos protectora" y hacerlo "con la colaboración de todos" una vez que pasen los comicios autonómicos para evitar que la refriega electoral contamine el debate. Comprometió que el Ejecutivo gallego afrontará su tramitación "sin apriorismos" para lograr un "alto grado de consenso".

El responsable de Medio Ambiente y Territorio aseguró que la ley debería estar lista al final de la legislatura pero entretanto pidió a los alcaldes que sigan adaptando sus planes generales a la normativa vigente. Trazó un prolijo repaso de la actividad en su consellería durante 2010 y, al detenerse sobre la ordenación urbanística, desveló que de los 315 ayuntamientos, sólo 46 tienen un plan general ajustado a la Lei do Solo. El conselleiro detalló que 25 municipios disponen de un plan sin adaptar y 104 llevan seis años con su tramitación, lo que, a juicio de Hernández, demuestra que "no hay voluntad ni vocación en los ayuntamientos de contar con esa herramienta". Otros 21 municipios "no tienen más instrumento que las normas subsidiarias ni lo están tramitando". Tanto la Federación Galega de Municipios e Provincias como numerosos alcaldes se han quejado constantemente de las modificaciónes en la legislación urbanistica que, en su opinión, retrasan cuando no imposibilitan el planeamiento municipal.

Ayer, y pese a tener en proyecto un nuevo texto legislativo, el responsable de la política territorial pidió a los regidores que sigan regulando el urbanismo de sus municipios y reclamó que el anuncio de la futura norma no sea utilizado como pretexto para no hacerlo. "Es fácil buscar excusas cuando ves el plan general como un problema, más que como una oportunidad", alegó. No obstante, admitió que muchos de los alcaldes perciben que es un instrumento necesario que da a los gobiernos municipales "seguridad jurídica". También prometió que buscará mecanismos para que la nueva ley no obligue a modificar los planes generales vigentes en los ayuntamientos.