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Una ley permitirá a los colegios públicos regular la vestimenta

Educación quiere reducir la conflictividad y hacer corresponsables a las familias

Los profesores tendrán tratamiento de autoridad pública, los centros podrán regular la vestimenta de los chavales, las sanciones a los alumnos se harán efectivas en tres semanas, el tratamiento al acoso escolar estará regulado y los padres podrán elegir por votación aspectos de la formación de sus hijos. Son algunas características que tendrá en el futuro la educación en Galicia, cuando se apruebe la Lei de Convivencia e Participación da Comunidade Educativa, cuyo anteproyecto fue presentado ayer por el conselleiro Jesús Vázquez.

La norma busca que en el día a día de los centros escolares "no existan conflictos y que el profesorado pueda desarrollar su tarea en un clima más cordial", según apuntó Vázquez. Se trata de "crear y reforzar" los instrumentos jurídicos que "permitan mantener la convivencia a través de la restauración de ciertos valores y comportamientos y dignificar la profesión docente".

Los centros podrán regular la vestimenta de los alumnos

La norma está en la línea de otras como las de Madrid o Valencia

Es un proyecto de ley que se basa en algunos preceptos que ya han incluido comunidades autónomas como Madrid o Valencia y que están en línea con los que preparan otras como La Rioja o Extremadura. Incorpora una "novedad vanguardista", según el conselleiro: la regulación por ley del tratamiento del acoso y el ciberacoso escolar. Los docentes deberán adoptar "decisiones disciplinarias, colaborar activamente" en estos casos e "informar a los padres". Se podrán sancionar comportamientos tanto dentro como fuera del aula, siempre que tengan relación con el proceso educativo. Por ejemplo, una pelea en la puerta del centro o un conflicto en una excursión en horario lectivo.

Las sanciones para los alumnos se agilizan. Antes tardaban en resolverse casi dos meses, pero ahora todos los procesos podrán consumarse en 22 días, incluidas las alegaciones. En función de la gravedad de la conducta del escolar, podrá ser expulsado hasta dos semanas e incluso cambiado de centro escolar. Es algo que ya se podía hacer, pero que recibirá con la aprobación de la norma un respaldo legal más completo del que tenía.

Lo mismo sucede con la regulación de la vestimenta en los centros escolares. Los colegios e institutos ya pueden, por ejemplo, prohibir las gorras o los velos, si así lo aprueban sus consejos escolares. La novedad que introduce esta nueva ley es que establece unas pautas a seguir que darán un respaldo legal a los centros si desean restringir determinados atuendos. También pueden instaurar la obligatoriedad del uniforme, algo "que vienen reclamando muchos padres", según el conselleiro.

En síntesis, la ley busca hacer corresponsables a los padres de la educación de sus hijos y reforzar la autoridad del profesor. Para esto, se le da rango de autoridad pública, lo que supone que tendrá presunción de veracidad ante un conflicto. También se refuerza su protección jurídica y se les permite requisar a los alumnos sustancias peligrosas o artefactos que puedan alterar la convivencia en las aulas. Drogas y teléfonos móviles son dos ejemplos.

El nuevo papel de los padres se traduce en mayor capacidad de elección sobre la educación de sus hijos. Asimismo, el anteproyecto recoge su derecho a ser informados del proceso de aprendizaje, a tener fácil acceso al profesorado y a recibir información de las normas y audiencia en los procesos disciplinarios. Deben respetar la condición de autoridad de los docentes y colaborar en la prevención de conductas disruptivas.

La ley tendrá aplicación en todos los centros escolares sufragados con fondos públicos y no estará en vigor, como pronto, hasta el curso que viene. Ahora tiene que ser presentada al Consello Escolar de Galicia, donde será examinada por sindicatos, representantes municipales o asociaciones de padres. Después será remitida al Parlamento autónomo, donde será debatida y modificada por los diputados.

Los padres votarán la lengua

Uno de los ejes del anteproyecto de ley de convivencia en la comunidad educativa presentada ayer por el conselleiro Jesús Vázquez es la corresponsabilidad de los padres en la educación. Para hacerla efectiva, el texto incluye la posibilidad de que participen directamente en aspectos educativos. Vázquez admitió que uno de ellos puede ser sobre los idiomas en los que se impartan determinadas materias.

Esta es una asignatura pendiente que tenía la consellería. Cuando hace un año presentó el borrador de lo que después sería el Decreto do Plurilingüismo, la votación de la lengua de las materias ya se contemplaba. Pero el Consello Consultivo advirtió de que la Xunta no tenía cobertura legal para hacer estas consultas y el decreto que salió aprobado en junio establecía el gallego para conocimiento del medio y castellano para matemáticas. El resto se distribuyen al 50% entre los dos idiomas. El conselleiro ya avisó de que articularía los mecanismos para poder realizar votaciones, siempre con el criterio de "cumplir las promesas electorales del PP". La ley de convivencia pretende llenar este vacío y es posible que, si está aprobada para el próximo curso escolar, la división actual de materias entre gallego y castellano pase a quedar al arbitrio de las familias.

El borrador -que no fue distribuido entre los medios, a los que solo se presentó un breve esquema resumen- recoge en su último título, el cuarto, la participación directa de las familias. "No podrán ser objeto de consulta los aspectos de programación general de la enseñanza regulados por la legislación básica", enuncia en este extracto facilitado a los medios. Según el conselleiro Jesús Vázquez, la Constitución deja "un vacío" que permitirá hacer esta consulta sobre las lenguas a los padres.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de enero de 2011

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