Balances del año horrible

El presidente del Gobierno y el líder de la oposición aprovecharon el penúltimo día de 2010 para exponer ante la prensa los balances del año horrible ya transcurrido. Zapatero le ha cogido gusto al papel entre churchilliano (sangre, sudor y lágrimas) y nelsoniano (la invocación al cumplimiento del deber por toda la marinería) que se vio forzado a asumir durante la noche del pasado 9 de mayo cuando las fuerzas infernales de los mercados internacionales se desataron contra la deuda española y le obligaron a decretar un severo plan de ajuste, descartado hasta ese momento en nombre de la salida progresista de la crisis. La alusión al esfuerzo titánico desplegado por el Gobierno durante el pasado año mantiene el tradicional gusto por la hipérbole -tomada esta vez de Hesíodo- de la joven generación socialista. Fue una novedad, sin embargo, la orgullosa reivindicación de las impopulares reformas -"siempre nos la hemos jugado"- llevadas a cabo anteriormente por el PSOE, como la reconversión industrial de 1983 y la reforma de las pensiones de 1985, episodios mantenidos en discreto silencio por el Gobierno -al igual que la huelga del 14-D- mientras vivió su luna de miel con UGT y CC OO.

Aunque falten 15 meses para las elecciones, esta legislatura se halla políticamente vencida

El anuncio de José Luis Rodríguez Zapatero de que no adelantará las legislativas fue acogido seguramente con alivio por Mariano Rajoy, que se vería así liberado -en el probable supuesto de que gane las próximas elecciones- del peso de iniciar su tarea de gobierno adoptando las impopulares medidas todavía pendientes de instrumentación. Conforme se va ensanchando la distancia que separa al PP del PSOE en los sondeos de intención de voto, las prisas de los populares para llegar al gobierno, por temor a que cualquier imprevisto coyuntural permitiese la recuperación electoral de los socialistas, parecen irse moderando. Y la proclamada intención de Zapatero de acometer en los próximos meses reformas socialmente tan conflictivas como la edad de jubilación, el cálculo de la cotización de las pensiones y la negociación de los convenios colectivos implica para Rajoy la fundada esperanza de encontrarse con todo el trabajo doméstico hecho cuando alcance la investidura presidencial.

Abstracción hecha de las necesidades de calendario del Parlamento para cumplir ese programa legislativo, el agotamiento del mandato socialista es un falso problema político. Aunque todavía falten teóricamente 15 meses para que los ciudadanos depositen su voto en las urnas y renueven las Cortes Generales, la legislatura se halla políticamente vencida. Los comicios autonómicos, municipales y forales del próximo 22 de mayo centrarán los esfuerzos propagandísticos y los comentarios sobre su resultado hasta la entrada del verano. Y el último trimestre del año quedará presumiblemente descargado de las habituales negociaciones para aprobar unos presupuestos condenados esta vez a ser rechazados precisamente por la inminencia de las legislativas de marzo de 2012.

Como dos cortejantes que bailan la pava para contraer matrimonio no por amor sino por interés, Zapatero y Rajoy se requirieron mutuamente en sus discursos de fin de año para sacar conjuntamente a la economía de la crisis y afrontar el camino de la recuperación. En verdad, solo la colaboración entre los dos grandes partidos de ámbito estatal, ocupantes del 90% de los escaños del Parlamento, se hallaría en condiciones de introducir reformas estructurales de carácter económico e institucional capaces de sobrevivir a la alternancia en el poder de socialistas y populares que pauta la vida pública en la España democrática desde hace 30 años.

Si solo contasen los precedentes a la hora de formular pronósticos, habría pocas razones -por no decir ninguna- para esperar que esos acuerdos suprapartidistas entre PSOE y PP se lleven finalmente a cabo. La falta de colaboración de Rajoy con el Gobierno durante esta legislatura ha bordeado en ocasiones la frontera de la responsabilidad institucional y de la defensa de los intereses nacionales. El boicoteo demagógico del PP al decreto-ley promulgado por Zapatero el pasado mayo para recortar el déficit público y proteger la eurozona de las embestidas de los mercados fue una puñalada entre los omoplatos digna de un dramón de capa y espalda. ¿Y qué decir del cerrojazo dado por los populares -léase Federico Trillo disfrazado de Calígula- a la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional correspondientes al Congreso a menos que los socialistas acepten el trágala de consensuar la impresentable candidatura de su antiguo portavoz en el Consejo General del Poder Judicial?