Los registradores negocian una solución al impago de la Generalitat

Los registradores de la propiedad tratan de buscar una salida negociada a la crisis abierta debido a la deuda que la Generalitat tiene con las 62 oficinas que se dedican también a liquidar los impuestos autonómicos para el Gobierno valenciano. Deuda que en algunas oficinas ha alcanzado los 700.000 euros, ya que la Generalitat llegó a estar 14 meses sin liquidar su parte a estas oficinas, cuando su obligación es pagar a los registros mensualmente un porcentaje por prestar ese servicio. Más de la mitad de la facturación de muchos de estos registros está vinculada directamente a los reintegros de la Consejería de Economía, dirigida por Gerardo Camps, que este año preveía ingresar unos 1.420 millones por los impuestos autonómicos. Tras la denuncia pública de la deuda, el Consell pagó el mes de octubre de 2009, pero sigue adeudando 13 meses. El malestar entre los trabajadores no ha remitido. El decanato de registradores de la Comunidad Valenciana asegura que está "en permanente contacto con la dirección general de Tributos para buscar una solución" al retraso en el pago, según la responsable del colectivo, Maria Emilia Adán.

Asturias, Baleares y Guipúzcoa recaudan sus propios tributos

Mientras, los trabajadores de muchas oficinas liquidadoras de los registros de la propiedad están intentando organizarse para conseguir una única interlocución con el decanato de la Comunidad Valenciana o con el Consell, dado que Economía lleva más de un año sin pagar el porcentaje del 4% -hasta un límite a partir del que reciben el 2%- que deberían ingresar mensualmente estas oficinas por cobrar para la Administración valenciana los impuestos de sucesiones y donaciones, el de transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos documentados. Los trabajadores de las oficinas liquidadoras se reparten el 40% de los ingresos netos que generan, pero debido a los atrasos están en precario y desde hace tiempo ven peligrar sus puestos de trabajo. Al menos tres registros alicantinos han presentado ya un expediente de regulación de empleo (ERE) y se anuncian más si no revierte la actual situación y la consejería devuelve el dinero que se ha quedado de los registradores y sus empleados. La deuda supera ampliamente los 20 millones. "El impago por parte del Consell está convirtiendo trabajo estable en precariedad y empleo indefinido en paro", comenta un empleado registral.

Dada la poca organización de los trabajadores de estas oficinas, de momento la iniciativa está circulando entre ellos a través de Internet. Aunque tienen asegurado el salario mínimo interprofesional anual a final de año, algunos han debido resistir meses con nóminas inferiores a los 100 euros, ya que el funcionamiento de estas oficinas implica que de los ingresos totales, y una vez descontados todos los gastos, incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social, el 60% es para el registrador y el 40% se lo reparten los empleados en función de su categoría laboral. En realidad, a los empleados no les debe dinero el registrador, que les ha pagado todos los meses en función de lo que ha recaudado. Es la Generalitat quien se ha quedado con su dinero.

El decanato, por su parte, intenta apaciguar las aguas e insiste en que las oficinas registradoras encargadas de liquidar los tributos autonómicos "siguen cumpliendo con su labor". Adán también subraya que la dirección general de Tributos está "haciendo lo posible" para agilizar el pago del dinero adeudado.

La labor liquidadora de los registradores valencianos se rige por un convenio firmado en 1991 y prorrogado desde entonces. Las comunidades autónomas tienen la opción, desde 1984, de recaudar sus propios impuestos o de encomendar la labor a registros de la propiedad. Esta segunda opción es la más utilizada. En Madrid, por ejemplo, los registradores renovaron su convenio el pasado diciembre. El Gobierno madrileño ha calculado que este convenio supondrá el desembolso de algo más de 38,6 millones (estimación realizada a partir de las cantidades liquidadas en el pasado). Pero también hay excepciones. Asturias, Baleares y la Diputación foral de Guipúzcoa recaudan sus propios impuestos.

Asturias creó en 2003 un ente tributario que asumió la actividad liquidadora a partir de 2008. Baleares también asumió esta actividad en 2010. El consejero de Economía balear cifró en entre tres y cuatro millones el ahorro para su departamento por la gestión directa de los tributos, pero los registradores tuvieron que despedir a decenas de trabajadores.