Otro reparto para la tarta

La Ley del Olivar va a ser uno de los principales textos legislativos que el Gobierno andaluz tendrá que sacar adelante en el próximo periodo de sesiones. Y, si no cambian las cosas, saldrá adelante sin el consenso político y social. El PP, sintonizando con la patronal agraria Asaja, ya ha anunciado que si el texto no sufre un cambio radical en su tramitación parlamentaria llevará la ley al Tribunal Constitucional. El principal foco de fricción viene de la propuesta realizada por el PSOE, y que ha asumido la Junta, para establecer un reparto asimétrico y un reequilibrio de las ayudas comunitarias con el fin de garantizar la cohesión territorial y el mantenimiento de la renta.

Aunque el apartado vinculado a las ayudas apenas representa un 15% de todo el articulado de la Ley del Olivar, la trascendencia de este tema es máxima, puesto que las subvenciones de la Unión Europea suponen ya el 40% de las rentas de los olivareros, algo que no es baladí. Y aquí es donde el PSOE quiere acabar con el modelo actual que considera injusto por el desequilibrio en el reparto de los fondos. Sirva como ejemplo la provincia de Jaén, donde algo más de 100.000 olivicultores reciben el 35% de los 1.035 millones para el olivar español en ayudas de pago único. En esta provincia, el 6,5% de los perceptores (poco más de 6.000 olivareros) se repartió el último año casi la mitad de los 367 millones recibidos.

El 6,5% de los productores acumula la mitad del dinero recibido

"No estamos de acuerdo con un reparto que es injusto, es preciso ayudar a las zonas con mayores dificultades", asegura el senador José Pliego, coordinador del grupo parlamentario socialista de Jaén, para quien esta provincia, donde el 18% de su PIB depende del sector oleícola, debe jugar un papel estelar en la tramitación de la futura ley. Será el parlamentario andaluz Felipe Sicilia -también diputado por Jaén- el que defienda las tesis socialistas. Para ello, habrá que tener en cuenta en primer lugar cómo queda el documento final de la reforma de la Política Agraria Común (PAC), cuyo primer avance establece el final de los derechos históricos y la adopción de una cantidad fija de ayudas y otra vinculada a aspectos como el empleo o el medio ambiente. Andalucía pide que se mantenga la actual ficha financiera, haciendo valer que acapara el 40% de la producción mundial de aceite y, a partir de ahí, es donde entraría en juego la nueva ley para el reequilibrio de las ayudas.

"Bruselas no impide que la ficha financiera se reparta dentro de cada comunidad autónoma", apunta el senador Pliego, en sintonía con la consejera de Agricultura, Clara Aguilera, a la hora de pedir autonomía en el reparto de los fondos. "El actual sistema, por derechos históricos, produce deslegitimidad de las ayudas", ha recalcado Aguilera, que aboga por tener en cuenta factores de creación de empleo, riqueza, innovación en el reparto.

Desde el PSOE se encuentra una explicación al rechazo del PP y Asaja a la ley: "Su clientela son los 6.000 olivareros que se llevan casi la mitad de las ayudas", dice el senador Pliego. Pero el gerente de Asaja en Jaén, Luis Carlos Valero, tacha de "regresionista" la ley y se defiende: "Si no fuera por los derechos históricos aquí no se cogería la aceituna". Asaja, que ha planteado un texto alternativo a la ley y no descarta acudir a la Iniciativa Popular para cambiar su contenido, esgrime que con el actual sistema de ayudas, los olivareros de Jaén reciben una media de 590 euros por hectárea, frente a los 140 en Castilla-León o 170 de Castilla-La Mancha.

En la actualidad, la autonomía de los estados en el reparto de las ayudas se limita al porcentaje desacoplado (no vinculado a la producción), que ha sido del 10%, aunque el último año se ha reducido al 7%.